La Ley de Juventud como gran oportunidad para nuestra democracia

La inminente presentación del borrador de la Ley de Juventud marca un momento crucial para España, no solo por su potencial para garantizar los derechos de las nuevas generaciones, sino también por la oportunidad única que representa para fortalecer nuestra democracia. En un contexto de creciente desafección política entre los jóvenes, esta ley puede convertirse en un puente hacia una participación más activa y significativa de la juventud en la vida pública. Los diputados y diputadas del Congreso tienen en sus manos la posibilidad de hacer historia, no solo en nombre de la juventud, sino también en nombre del futuro de la democracia en España.

Nuestro informe ‘La juventud pide paso’ (1) reconoce la importancia de apoyar a organismos de la sociedad civil, como el Consejo de la Juventud de España (CJE), y al tejido asociativo que trabaja incansablemente en la defensa de los derechos de los jóvenes. El CJE, como plataforma que aglutina a decenas de entidades juveniles, ha sido fundamental en la elaboración del borrador de ley y debería jugar un rol esencial en el diseño futuro de las políticas de juventud. Su experiencia y su capacidad para canalizar las demandas de la juventud lo convierten en un actor imprescindible para mejorar la situación de la juventud. Además, proyectos en desarrollo, como la Alianza Global de Promoción de Derechos de la Juventud, que se está construyendo desde Málaga, pueden convertirse en un modelo determinante para el futuro. Esta alianza, basada en una lógica multistakeholder, busca generar sinergias entre actores locales, nacionales e internacionales, demostrando cómo la colaboración entre distintos sectores puede enriquecer las políticas públicas dirigidas a la juventud.

Uno de los aspectos que deben incorporarse en la nueva ley de juventud es la propuesta de un ‘test joven’, una herramienta que permitirá evaluar el impacto de todas las leyes nacionales en la juventud. Este modelo, ya implementado con éxito en países como Austria y Francia, asegura que las políticas públicas no solo no perjudiquen a los jóvenes, sino que además les beneficien activamente. Extender este mecanismo al ámbito municipal sería un paso natural y necesario, ya que es en las ciudades donde los jóvenes enfrentan muchos de los desafíos cotidianos, como el acceso a la vivienda, el empleo o la movilidad.

La Ley de Juventud no es solo un texto legal; es una oportunidad para revitalizar nuestra democracia y servir de inspiración para otros países. Al involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y al fortalecer el tejido asociativo, estamos construyendo un sistema más justo y representativo. Esta ley puede ser el punto de partida para un futuro en el que la juventud sea protagonista de su propio destino.