¿A quién protege las viviendas de VPO en Andalucía?

La web de la Junta de Andalucía recoge sobre la Vivienda Protegida: “ofrecen condiciones ventajosas a quienes compran con el objetivo de facilitar el acceso a una casa propia a personas o familias que por distintas circunstancias (renta, edad, pertenencia a determinados colectivos) encuentran dificultades para ello”.

Un texto que confronta con un nuevo Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda en Andalucía.

En una lucha dialéctica política sobre quién construye más viviendas protegidas ante una situación de emergencia social por la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible que ha empujado a la sociedad a ocupar las calles exigiendo un derecho Constitucional y que volveremos a hacerlo el próximo 5 abril, el Gobierno de Andalucía aprueba una normativa con carácter urgente donde “las condiciones ventajosas” se quedan en manos de las empresas constructoras, en vez de estar al servicio de las personas que no pueden desarrollar proyectos de vida independientes porque el derecho fundamental a una vivienda sigue estando en manos del mercado especulativo.

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Ninguna "medida urgente"

Para CCOO, este Decreto-ley no aporta ninguna “medida urgente” que sirva para incluir materias que no recoge la legislación andaluza sobre Vivienda y que no se pueden desarrollar sin disponer de una norma con rango de Ley; medidas como la regulación de las zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler para vivienda habitual o la limitación de las viviendas de uso turístico por ejemplo, dando cumplimiento así de la normativa Estatal y a la Sentencia del Tribunal Constitucional.

En nuestra opinión, esta normativa pone en manos de las empresas constructoras todas sus esperanzas para la solución de un problema estructural y lo hace a través de incentivos financieros en forma de subvenciones; la Junta de Andalucía destinará 272 millones de euros para subvencionar promociones públicas y privadas de viviendas protegidas con ayudas que pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda construida, destinado al alquiler de vivienda a precios limitados con el único compromiso de mantener este régimen durante 20 años. Al mismo tiempo, el precio del metro cuadrado útil del módulo básico de vivienda protegida aumenta en 136,36€ con respecto a lo que quedaba establecido en el Plan Vive Andalucía 2020-2030, eso supone un incremento del 18%. Si a esto le sumamos el incremento del coeficiente territorial específico para cada municipio donde 13 de los 103 municipios de la provincia de Málaga concentran el 80,5% del total de la población residente y quedan incluidos en el Grupo 1 con el mayor coeficiente territorial aplicable, y lo multiplicamos por la superficie útil de la vivienda y por un coeficiente que varía según la categoría de la vivienda, resulta que el precio de la vivienda protegida en Málaga se da la mano con el precio de mercado de la vivienda libre.

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Precios máximos

En municipios del Grupo 1 con coeficiente territorial de 1,5, los precios máximos de vivienda protegida para el Régimen Especial es de 2.012,31€/m2, para el Régimen General, 2.280,62€/m2 y 2.683,08€m2 para Precio Limitado. Esto representa un aumento del 54% en los precios máximos por metro cuadrado útil de las viviendas protegidas en comparación con la normativa Plan Vive Andalucía.

Distrito Zeta y Cortijo Merino son las dos grandes zonas de ampliación para la edificación de viviendas de VPO, 1.168 en total de las que solo el 37,5% son en régimen de alquiler. Próximamente, se abrirá el plazo para inscribirse a una de las 167 viviendas en régimen de protección oficial de venta a precio limitado por un precio que oscila entre los 180.000 y los 230.000€ + IVA. Es fácil entender que esta opción sigue estando fuera de una mayoría de personas asalariadas en Málaga, cuando el 42,3% tienen salarios medios que no llegan a los 7.100€ seguido de un 38% con salarios medios de 21.182€ anuales y donde el 66% de las Pensiones están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Veremos qué pasará con las cerca de 34.500 personas inscritas en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda en Málaga capital atendiendo a los perfiles de rentas.

El Gobierno de Andalucía ha querido dar respuesta con este Decreto-ley a quienes más ganan, ampliando los límites de ingresos para acceder a una vivienda protegida hasta 5,5 veces el IPREM en régimen general (46.500€) y hasta 7 veces en régimen de precio limitado (58.800€), 1,5 puntos de incremento en ambos casos, permitiendo que determinados solicitantes puedan beneficiarse de estas políticas del PP; solo un 7,7% de las personas asalariadas en nuestra provincia tienen salarios 3 veces por encima del SMI.

Algunas de las propuestas de CCOO para que la vivienda deje de ser un negocio en manos de la especulación son la urgente regulación de las zonas tensionadas y la limitación de los precios del alquiler, limitación de las viviendas de uso turístico, modificación de la ley para que la vivienda protegida no se pueda descalificar, que la construcción de viviendas dotacionales en parcelas de equipamientos solo sea aceptable para viviendas o alojamientos destinados a la acción social, personas sin hogar o de emergencia ligadas a planes de inclusión.

Estas son algunas de las muchas propuestas que desde CCOO hemos venido elaborando en materia de vivienda porque el objetivo es que la vivienda no sea una causa de exclusión social.