Hablamos de vivienda: hablamos de personas

Hablemos de vivienda, propusimos a pocos días de haberse celebrado la manifestación malagueña en la que miles de personas reclamamos que nos dejaran vivir en nuestros barrios. Sí, decidimos: hablemos de viviendas.

Sin darnos cuenta, como quien siente el sol revelado tras las nubes, una imagen latente emergió preponderante, con tanta fuerza que ocupó todo el espacio: Personas.

Tenemos que hablar de personas porque detrás de la asepsia vacía del sustantivo hay miles de corazones abocados al dolor de la tristeza desterrados de la fe de la esperanza.

Personas arrojadas a la calle por quienes han olvidado que tener una vivienda digna es una necesidad vital y un derecho.

Personas retornadas del sueño del ladrillo, engañadas por una asequibilidad pendiente de un hilo que bien sabían los usureros, porque lo sabían, que iban a ser las hipotecas de la desesperación.

Personas mayores desahuciadas de sus casas a golpes de especulación y mezquinos pelotazos.

Personas ahogadas en la red de una hipoteca que las condiciones del mercado laboral apenas les permiten ir cubriendo.

Personas jóvenes zarandeadas por la realidad de saber que, a pesar de sus esfuerzos, no alcanzarán su independencia hasta casi los 30 años.

Personas víctimas de violencias machista, de violencia familiar, violencia sexual, víctimas de trata, acoso vecinal y de otras violencias que no tendrán a donde ir cuando, de motu propio o mediante una orden de alejamiento, puedan dejar atrás sus pesadillas.

Personas ante la necesidad de soluciones habitacionales que, aunque los corsarios del ladrillo se empeñen, no son un bien de consumo sino un derecho y una necesidad social.

Personas demandantes de una vivienda protegida que, en número de 34.467 se hayan inscritas en el registro de datos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). De estas solicitudes de vivienda pública, 14.086 corresponden a personas menores de 35 años, 18.577 a personas de entre 35 y 65 años y 1.804 a apersonas de más de 65 años.

Todos y todas somos víctimas sociales de la voracidad inmobiliaria, aun cuando sí tengamos un techo donde vivir, porque la inasequibilidad de la vivienda es una de las principales causas de la progresiva erosión de la cohesión social, económica y territorial, afecta a la salud y el bienestar de las personas, fomenta las desigualdades en las condiciones de vida y oportunidades y se traduce en mayores costes sanitarios, una menor productividad y daños medioambientales.

Interpelamos a los poderes públicos: están siendo cómplices de una violación de los derechos de las personas recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Cumplan su deber y defiendan la ciudad de las personas, la ciudad para la ciudadanía, una ciudad de derechos donde sus hijos no seamos exiliados de nuestra tierra.