La pegajosa ley de amnistía

Asegurar que la amnistía ha sido lo que ha pacificado Catalunya en los últimos años es una reflexión de parte y con poco contexto. La primera piedra en el laborioso camino hacia un espacio de aproximada normalidad fue el famoso artículo 155, pactado por las principales fuerza políticas del momento, PP, PSOE y Ciutadans. Fue una activación democrática, ya que una mayoría aplastante del Congreso estaba de acuerdo. Aquel redactado hizo lo suyo e intentó evidenciar lo que hasta ese momento parecía que se había olvidado y que se resume con que España es un Estado democrático en el club de los países europeos.

Las dudas llegaron después, tanto con el indulto como con la posterior amnistía, debido a que su impulso parlamentario no tuvo la mayoría aplastante que sí logró la decisión del 155. Escribo aplastante porque aquella mayoría sí la tuvo.

El borrador realizado por la magistrada Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y que será estudiado a final de mes, recoge la reflexión constitucional de una decisión política. El problema no radica en eso. La cuestión es que Pedro Sánchez aseguró con diversos tiempos verbales, presente y futuro, que jamás impulsaría una amnistía para los que habían golpeado la legalidad. Y lo hizo. Ahí radica toda la cuestión.

Ello nos lleva al verdadero e interesante tema de la ley de amnistía: ¿un político puede hacer lo contrario de lo que prometió en su campaña y programa electoral? Las cuestiones de constitucionalidad van por otro rasero. Afortunadamente, al menos para el que escribe, nuestra Constitución es tan abierta que acepta hasta a los que van contra ella. Pero eso no es lo nuclear. El tema es si el votante sabe castigar, o está dispuesto a castigar, o le interesa castigar al líder político que ha hecho todo lo contrario a lo prometido.

Los argumentos de Sánchez son unos, y una parte de ellos le dan toda la razón. La amnistía es el pago a la mala estabilidad política por la que pasa España. El pago a siete votos que Junts utiliza con habilidad para consolidar al Gobierno socialista. No es el Constitucional quien debe detener esa situación. Eso solo puede ocurrir con una elecciones.

El independentismo catalán está recibiendo una lección, aunque, por supuesto, no sea consciente. El recorrido de este tipo de leyes es de trago largo y siempre muy discutido. Nada que ver con lo que pretendieron hacer los partidos independentistas durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Aquel golpe a la legalidad, que no de Estado, demostró la poca pedagogía democrática que tenían sus dirigentes, puede que abducidos por las circunstancias o no, pero que acabaron igualmente en prisión o dados a la fuga.

La prueba es el tiempo. Solo hacer una ley que deshaga los despropósitos de aquellos días ha consumido muchos de los recursos políticos que tiene el Gobierno, situándolo en un espacio incómodo, aunque sea de su absoluta responsabilidad. La ley de amnistía es una opción política de la que es muy posible que no salga el PSOE. Es una ley pegajosa que seguirá enganchándose a Pedro Sánchez como el alquitrán.

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