Un camino correcto

La prórroga de presupuestos está prevista en la Constitución, pero su prórroga recurrente a lo largo de una legislatura, impidiendo que la voluntad popular representada en las cámaras legislativas se pronuncie sobre la política de gasto, es una anomalía evidente. Como sin embargo la Constitución no prevé su remedio procesal, es preciso colegirlo de una interpretación sistemática e integradora. Es bueno por eso que el PP intente subsanar el vacío por la vía del conflicto de atribuciones, mediante un requerimiento del Senado y, de no ser atendido, la remisión de aquel al Tribunal Constitucional. Aunque la vía elegida sea formalmente discutible y no haya precedentes claros, repugna al derecho que una obligación legal no tenga vía para exigir su cumplimiento. El TC debería resolver, con la ventaja añadida de dar una respuesta institucional a un conflicto que lo es (y no solo político).

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