Visto para sentencia

Finalizó el juicio que nos ha tenido en vilo. Y ahora esperamos el fallo del Tribunal Supremo. Deseo que se imponga la cordura, el rigor y la justicia. No hay pruebas fehacientes que demuestren la culpabilidad del fiscal general del Estado. Ojalá despertemos de esta pesadilla antidemocrática.

Llevamos un largo tiempo escuchando a la derecha que, por primera vez en la historia de este país, un fiscal general se encuentra primero imputado y luego sentado en el banquillo de los acusados. Se rasga las vestiduras ante el escándalo. Pone el grito en el cielo por el hecho de que ese fiscal general no haya presentado la dimisión. Por lo visto y lo oído se trata de una situación tan inaceptable, tan vergonzosa, tan insólita, tan dañina que pone en entredicho la democracia.

Qué vergüenza, dicen. Quien tiene que velar por la justicia, está sentado en el banquillo por cometer un terrible delito: filtrar los datos secretos de un «ciudadano particular» (no va a ser general) con el fin de perseguir a una adversaria política del gobierno como es la señora presidenta de la Comunidad de Madrid.

De modo que filtrar o no filtrar la información sobre unos delitos se ha convertido en un asunto más grave que la comisión de los mismos. Está siendo más escandaloso el hecho de conocer los delitos que los delitos cometidos. Así que el presunto delincuente se queja de ser la víctima. El que ha falsificado documentos, defraudado a la Hacienda pública y recibido comisiones millonarias es un pobrecito perseguido. Lo que le humilla es que se sepa, no que haya sucedido.

Al parecer, el Gobierno ha puesto a un zorro a cuidar a las gallinas. Porque lo más grave del problema de la filtración es que el Gobierno está detrás de la maniobra y por eso sostiene al fiscal general, animándole a no dimitir. O lo que sería peor, exigiéndoselo.

El Tribunal Supremo, se dice bien y pronto, tendrá que meter en la cárcel, después de un juicio justo, a quien tiene el deber de vigilar el delito y de garantizar, si es que se produce, la necesaria denuncia y la correspondiente sentencia. Qué país. Qué gobierno. Qué fiscal general. Lo nunca visto en ningún sitio, dice la derecha escandalizada.

Y yo me sumo a la denuncia de esta situación alarmante. Pero con una pequeña discrepancia, con un pequeño matiz. El escándalo existe, pero no es el que describe con tanta reiteración, con tanta saña, con tanta indignación nuestra sensible derecha. El problema, a mi juicio, no está en quien se sienta en el banquillo sino en quien lo sienta en él y por qué. La podredumbre no está en el comportamiento del señor Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sino en quienes, a mi juicio, han planificado y llevado a cabo una maniobra perversa para su defenestración. Y esa operación va contra él, pero va sobre todo contra el Gobierno. La desvergüenza y la hipocresía no tienen límites.

El señor Miguel Ángel Rodríguez es un personaje siniestro, prepotente y mentiroso. Interpelado en el tribunal por sus palabras «la misma fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba», contesta: «No. No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en ninguna fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa» (sic).

Se necesita tener cara dura. Se necesita ser chulo. Se necesita ser miserable. Es de un descaro indescriptible. Detrás de esas palabras está el deseo de meter a un inocente seis años en la cárcel. Y se queda tan tranquilo. Qué decir tan tranquilo, se queda tan orgulloso. Esas palabras, pronunciadas ante el Tribunal Supremo (no en la barra de un bar) se pueden interpretar así: «Yo lo he inventado. Yo lo digo porque me da la gana. Porque yo puedo decir mentiras, lanzar bulos y amenazar a periodistas impunemente».

Han declarado ante el Tribunal Supremo varios periodistas (no uno, ni dos) de acreditada trayectoria que aseguran que ellos tuvieron la información antes de que le llegase al fiscal general pero que no pueden declarar la fuente porque es secreto profesional. Eso ya lo dijeron en la fase de instrucción, pero al juez no le importó. Prefiere creer a otro periodista que declara en sede judicial que se inventa la información. El juez tuvo el propósito de sentar en el banquillo al fiscal general. Y lo sentó, a pesar de que no hubo una sola prueba fehaciente de culpabilidad en un proceso de instrucción cargado de irregularidades.

Uno de esos periodistas que dijo que sabía que estaba en el banquillo un inocente porque él tenía la fuente de la información pero que no la podía hacer pública, recibe del juez una admonición diciendo que no amenace al Tribunal. ¿Decir la verdad es una amenaza? Claro, puede ser una amenaza porque esas palabras tumban la pretensión de declarar culpable al acusado.

Qué decir de la intervención del novio de la señora Presidenta. Una declaración para enmarcar por su atrevimiento, descaro y falta de vergüenza. Dice que el fiscal general le mató políticamente. Este señor da por hecho que García Ortiz filtró la noticia de sus delitos. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué fuentes tiene? ¿Qué piensa del principio de presunción de inocencia? Y dice que esa filtración le lleva a un callejón que solo tiene dos salidas: el exilio o el suicidio. Hay una salida que no ha visto. No falsear la documentación, declarar de forma honesta, no dar pelotazos para enriquecerse de forma fraudulenta… Resulta que él es la víctima de esta historia y no el verdugo que ha llevado al banquillo de los acusados a un inocente.

Borrar los correos no es una prueba irrefutable de que haya sido el fiscal quien filtró la información sobre el novio de Ayuso. Ni lo es la respuesta de este a la fiscal de Madrid, Almudena Lastras, en su momento imputada y sobreseído luego su caso por la Sala de Apelación, sobre su pregunta de si había filtrado la información. Decir que «eso no es lo importante ahora» no es una inequívoca asunción de culpabilidad. Lo que sí es inequívoca es la animadversión de la señora Lastras al fiscal general.

Qué decir de la paranoica señora Ayuso que ve en los hechos una maniobra de todos los organismos del Estado contra una adversaria política. Pero, ¿esta señora quién se cree que es? La he oído decir que todos los ministros del Gobierno, todos los asesores del presidente, todo el aparato del Estado conspira contra ella. Ya dijo un día que el presidente del gobierno la quería matar y que el lendakari la había amenazado de muerte con aquello del pin pan pun. Lo que ha sucedido con su novio es, más bien, lo contrario. Ella ha puesto a la Comunidad de Madrid, a su jefe de gabinete y a sus consejeros a defender a ese «ciudadano particular», pobrecito, que se ve tentado a exiliarse o a suicidarse.

De modo que el permanente escándalo que denuncia la derecha de que el fiscal general de un país esté sentado en el banquillo tendremos que analizarlo desde otra perspectiva: no está ahí la corrupción. La corrupción está en aquellos que se han empeñado en condenarle sin pruebas. Ese es el verdadero escándalo.

Y, como es lógico y justo, la decisión de Álvaro García Ortiz de mantenerse en el puesto, desoyendo las constantes demandas de dimisión, no ha sido fruto de su descaro sino de la fuerza que concede la inocencia y la verdad.

Por eso me pareció reconfortante el aplauso que, antes de comenzar el juicio, le brindaron fiscales llegados a Madrid desde todo el país para mostrarle su apoyo. Yo me lo preguntaba cada día: ¿no hay profesionales de la justicia que analicen con un poco de criterio lo que está pasando? ¿No hay quien levante la voz ante la terrible injusticia que se está cometiendo contra el fiscal general?

Insisto: el verdadero escándalo está en la denuncia, en la instrucción y en el juicio. Hubo un plan de sentarlo y lo sentaron. Hubo un plan de juzgarlo y lo juzgaron. Y ahora resulta que no hay pruebas concluyentes. No sé si todos los que han clamado contra la culpabilidad del fiscal le pedirán perdón y nos pedirán perdón a quienes hemos sufrido la ferocidad de sus acusaciones. Me temo que no. No es su costumbre. No es su estilo.

El escándalo es la operación de caza y captura de un inocente. El jefe de gabinete de la señora Ayuso, al que se paga con dinero público, tiene más suerte: miente ante el tribunal, suelta bulos, se inventa noticias, amenaza a periodistas, se chulea haciendo bromas como sucedió cuando dijo que el fiscal «iba a ir palante» sin que nadie le llame la atención y sin que nadie le siente en el banquillo. Él tiene patente de corso. Se cree muy listo el señor Rodríguez. Más listo que nadie. Pero se le ve el plumero: el plumero de su desfachatez, de su chulería y de su indecencia. Ojalá que el fallo del Tribunal no sea un fallo.