La sentencia

No diré nada por ahora sobre su contenido [de la condena del aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo] porque no lo conozco, salvo el fallo, un asunto en este caso extraño. Aunque quepa legalmente anticiparlo, el marco general viene dado por el artículo 120-3 de la Constitución: «Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciaran en audiencia pública». La publicación de una conclusión de tal gravedad y trascendencia sin publicar sus premisas choca, ante el sentido común, con la esencia del silogismo lógico y jurídico, con independencia de que sea legal; y es en todo caso una imprudencia que da pábulo a otras: sea la de quienes descalifican o ensalzan el fallo sin conocer el resto, votos particulares discrepantes incluidos, sea la de quienes, como Isabel Díaz Ayuso, salen en tromba a vocear a su amparo, como origen del encausamiento de su pareja, una oscura conjura del Estado, anticipando casi un futuro movimiento de ficha exculpatorio.

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