Truco o trato

La distribución de gastos e ingresos públicos son una fuente constante de debate público incluso cuando las cosas van bien: los partidos progresistas son partidarios de incrementar el gasto público dentro de los límites marcados por la UE en materia de déficit y su relación deuda pública-PIB, en esencia; mientras los conservadores son partidarios de la externalización del gasto público a la empresa privada, dentro de los límites citados.

No obstante, cuando se producen situaciones de estrés financiero, y en España se han producido todas estas últimas legislaturas, los conservadores actúan como progresistas. Véase el volcán de la Palma, la Covid-19, la crisis financiera 2008-2011, la Guerra de Ucrania, los aranceles de Trump, la dana de Valencia, el reciente accidente ferroviario de Córdoba y todos los que están por venir. Constatamos que frente a situaciones de gran recesión la demanda ciudadana, indiferentemente de su posicionamiento ideológico, reivindica ingente cantidad de recursos públicos. Y los conservadores los exigen como si fuesen progresistas.

Todos recordamos los años de la gran austeridad 2010-2014 en los que la tasa de paro estaba en el 20%, frente a la actual del 9,93%. Trajo causa de que el Consejo de Europa abrió a España un expediente por déficit excesivo en 2009: 11,2 % del PIB, frente al actual del 1,33%. Fue la primera vez en democracia que se redujo el gasto público. Especialmente en Sanidad, Educación y Medio Ambiente. Todos recordamos esos años durísimos.

Desde entonces y hasta 2022, fecha del último estudio que he podido consultar (Ruth Cicuéndez Santamaría, doctorada en Ciencias Políticas) las preferencias ciudadanas en materia de gasto público han evolucionado: El 71% están a favor de gastar en políticas medioambientales, el 70% en sanidad, el 65,6% en ayudas a la dependencia y el 55% en educación. Mientras que sólo el 33,6% apoyan el gasto en desempleo. Estamos hablando de situaciones normales. No de tiempos de crisis. En estos últimos, las preferencias varían en favor de un mayor incremento en políticas sociales, en particular aquellas que repercuten directamente sobre la seguridad material y los servicios públicos preferentes.

La evidencia empírica acredita que el número de borrascas en otoño-invierno se está disparando. En lo que va de enero llevamos seis muy fuertes, lo cual es excepcional. Son consecuencia directa del cambio climático antropogénico, por lo que a las habituales crisis financieras o geopolíticas se han incorporado con gran fuerza las meteorológicas: sequías, borrascas y sus derivadas epidemiológicas. Esto se llama más gasto público. Porque la climatología adversa no es sólo un desencadenante de enfermedades respiratorias, sino de desastres naturales con resultado de muerte y enormes costes económicos, también.

Vista la demanda ciudadana en políticas públicas cuyos porcentajes he reproducido, y frente a esta tendencia que no hará sino empeorar, sería deseable que los mayores se pusieran de acuerdo en unos estándares de gasto público que respondan a la demanda ciudadana. Tanto en tiempos de bonanza, como en tiempos de crisis, porque tienen un enorme respaldo social tanto de votantes progresistas como conservadores. Además, nos ahorraríamos escuchar gilipolleces como que «sólo el pueblo salva al pueblo», eslogan populista donde los haya. Que de acuerdo con la interpretación de la catedrática en lingüística Beatriz Gallardo Paúls lo que realmente significa, además de ser una manipulación desinformativa de todo signo, es agitar a la opinión pública y visualizar un estado fallido, promoviendo la violencia. Además de que cuando hablan del «pueblo» olvidan decir «de color blanco».

En clave local, el economista Ángel de la Fuente, experto en financiación autonómica formado en los EE. UU, ha concluido que el nuevo modelo de financiación autonómica en el que ha trabajado y que aporta 21.000 millones adicionales a las CCAA, partiendo de los datos de 2023, beneficia especialmente a las comunidades que partían de situaciones más débiles: Cataluña gana 507 euros por habitante, Valencia 496, Murcia 468, Baleares 450, Madrid 409 y Andalucía 367 euros adicionales. Parte de la base de la «población ajustada» que integra la insularidad, edad media, dispersión geográfica y orografía. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Ahora se trata de que concentren ese plus en lo que la sociedad realmente reclama. Y que se note.

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