Regulación Extraordinaria de Personas Extranjeras

Iniciativas civiles; más derechos y más inclusión para las personas migrantes

Comenzamos felicitando el impulso desde la sociedad civil y destacando la labor del movimiento estatal auto organizado migrante y antirracista que ha impulsado la campaña #RegularizaciónYa! fundamental en el avance de la defensa de los derechos humanos y logrando reunir más de 700.000 firmas para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso en 2023.

Como hemos dicho en numerosas ocasiones, la acción conjunta funciona, por ello desde Prodiversa, asociación progresista que lleva más de 30 años luchando por los derechos civiles y políticos de las personas más vulnerables, celebramos que el Gobierno haya iniciado el trámite para un proceso de regularización extraordinaria que permite visibilizar una realidad, personas que forman parte de nuestras sociedades, reconociéndolas y dignificándolas.

A través de FUNCAS, en su informe anual de 2025, podemos comprobar que en España hay alrededor de 800.000 personas en situación administrativa irregular con dificultades o barreras administrativas que limitan el disfrute de derechos proclamados universales y para todas las personas, y para todas aquellas españolas, sí, hablamos de Declaración Universal de Derechos Humanos (DDHH), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (PIDESC) y nuestra Constitución, y volviendo al principio, de donde sale toda esta iniciativa.

Estas personas se encuentran con la espada de Damocles, la realidad administrativa o del sistema legal no les permite prácticamente ser, pero, todo ser vivo tiene un defecto de base, necesitamos alimentarnos, y para ello hay que trabajar, y trabajan, pero sin garantías ni coberturas. El alcance de esta regularización permitirá a personas que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularizaciones, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo, una integración plena y progresiva en el sistema inicial de 1 año, ofreciendo derechos a la persona y seguridad jurídica al tejido empresarial.

El proceso de integración no es en ocasiones individual, por lo tanto, el desarrollo normativo ofrece cobertura a las familias con hijos e hijas menores a cargo, en cuyo caso, se concederán permisos por 5 años de duración. Pasamos a los requisitos, esta medida se aplicará con carácter general, siendo necesario una estancia continuada de más de 5 meses acreditada, tanto la estancia como la solicitud de protección debe ser anterior a 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Esta parte nos preocupa especialmente ya que este trámite puede ser ralentizado debido al país de origen de la persona, no obstante, Prodiversa y sus diferentes programas de acogida a población migrante pone a disposición todos los recursos necesarios, acompañándolas en el proceso de inclusión y apoyando la cohesión social.