Derecho a derechos. Porque las personas no somos invisibles

Inmigrantes esperan cola en la Oficina de Extranjería de la calle Pradillo de Madrid para realizar diferentes trámites

En abril, el Gobierno prevé abrir un proceso extraordinario de regularización para personas que ya viven aquí y que, sin embargo, siguen atrapadas en la invisibilidad administrativa. Lo primero que hay que decir es que esto es un éxito de la sociedad de nuestro país, fruto del apoyo de cientos de miles de personas anónimas y de la labor, sostenida a lo largo de los últimos cinco años, de muchas asociaciones de personas inmigrantes y entidades sociales. Ahora esperamos conocer el texto definitivo del Gobierno pero, más allá de que los detalles sean importantes, es indudable que se abre una ventana - demasiado pequeña, eso sí - que puede cambiar vidas enteras.

Sara María Biafra (colombiana) vive en Málaga desde el año 2022. Es enfermera y farmacéutica, y trabaja cuidando a una mujer con esclerosis múltiple y a su madre con Alzheimer. Lleva cuatro años esperando la resolución de su solicitud de asilo; cuatro años también sin poder abrazar a su madre. Para ella, esta regularización es un sueño hecho realidad: la posibilidad de dejar de posponer el futuro.

Roberto Martínez (cubano) llegó a España en 2021 para buscar una vida mejor y ayudar a su familia. Dice sin rodeos que la vida en situación irregular ha sido durísima: el miedo constante, la precariedad, la sensación de estar siempre «de paso» aunque lleve años construyendo su día a día aquí. Él espera que este proceso le permita «quitarse el miedo» de vivir «sin papeles» y hacer una vida normal, como cualquier persona de Málaga, además de «aportar a España».

Estar «sin papeles» no es una elección individual, sino el resultado estructural de un sistema que produce exclusión de manera recurrente mediante vías insuficientes y requisitos administrativos a menudo imposibles. Por eso, esta regularización no es un «premio» ni un «atajo»: es, antes que nada, una forma de corregir las consecuencias de nuestra política migratoria injusta e inhumana. Una medida para reparar, aunque sea parcialmente, lo que nuestros gobiernos han hecho mal, pero si después siguen fabricando nuevos casos de irregularidad, estaremos condenando a otras Saras y a otros Robertos a repetir la misma historia.

Conviene recordarlo con claridad: las personas migrantes viven con nosotras. Son nuestros compañeros y compañeras de estudios, forman parte de nuestros grupos de amistades, compartimos charlas en la puerta del colegio, escalera de la casa o en las tiendas del barrio, cuidan a nuestros mayores, trabajan en hoteles o en bares… pero no tienen derechos, o más bien, no les hemos reconocido derechos.

El Gobierno estima que podrán acogerse a este proceso más de 500.000 personas que, como Sara y Roberto, ya vivían desde hace tiempo en España. Apenas es el 0,01% de la población y, sin embargo, esta medida puede tener un efecto tan positivo en la vida - tanto de estas personas como de nuestra sociedad en su conjunto - que es difícil no querer verlo. Y es que ninguna sociedad democrática puede permitirse mantener ese volumen de personas en una exclusión tan absoluta: sin estabilidad, con barreras para alquilar, para estudiar o trabajar, para defenderse de abusos, para curarse sin miedo. Para, en definitiva, poder llevar una vida digna, como cualquiera de nosotras.

Este proceso de regularización es una oportunidad histórica para reducir la exclusión social en nuestro país. Solamente por eso, todas las administraciones públicas, desde el gobierno autonómico hasta el ayuntamiento más pequeño, como responsables de nuestro bien común, deberían - o, más bien, tienen la obligación moral y política - de contribuir desde su ámbito a apoyarlo y facilitar que sus vecinos y vecinas se acojan al mismo. Lo que digan y, fundamentalmente, lo que hagan nuestros responsables políticos al respecto será, sin duda, una buena prueba de su compromiso real con la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar general en nuestra sociedad.

No es la primera vez que sucede: distintos gobiernos, aquí y en otros países, han acudido a regularizaciones porque es una herramienta que se usa para corregir fallas de los propios sistemas. En Málaga Acoge, y según cálculos internos de la asociación, de las personas que hemos acompañado en los últimos dos años, 2.500 podrían acogerse a este proceso: gente que lleva mucho tiempo viviendo y trabajando entre nosotras. Gente que no «llega» ahora; gente que ya está, que ya cuida, que ya atiende, que ya levanta persianas y limpia habitaciones en los hoteles de la costa.

Abril puede marcar un antes y un después para cientos de miles de personas. Para Sara, puede significar dejar de vivir con la vida en suspenso y volver a imaginar un abrazo que ya dura demasiado en la distancia. Para Roberto, puede ser el fin de un miedo que no debería formar parte de la normalidad de nadie. Y para Málaga, ojalá sea la oportunidad de mirarnos con honestidad: reconocer que ya convivimos, y que lo que falta no es convivencia, sino derechos.