Opinión | Tribuna
«Fui forastero y me acogisteis»
Hay una gran verdad que no debiera de ser cuestionada: ninguna persona pierde su dignidad por carecer de un documento administrativo

Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona, a 30 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La mayoría acude para conseguir el certificado de antecedentes penales o la autorización consular que permite a un familiar en Pakistán tramitar ese certificado, requisito imprescindible para la regularización. El decreto exige no tener condenas penales en el país de origen y demostrar una estancia mínima de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. 30 ENERO 2026;MIGRANTES;CONSULADO;PAKI;PAQUISTÁN;PAQUISTANÍES;PAKISTANÍS;CATALUÑA; David Zorrakino / Europa Press 30/01/2026. David Zorrakino
Cada vez que el tema de la migración desemboca en el debate institucional, asistimos a la ordinaria contundencia de lo previsible: ya sea a favor o en contra, hablamos de cifras económicas, servicios públicos, impacto presupuestario, delincuencia, sostenimiento de las pensiones, equilibrio de la tasa de natalidad y otros tantos linderos inabarcables. Pero no hablamos de las personas.
Y es que tratar de fundamentar nuestros consensos institucionales en cuestiones de orden moral o humanitario no es una mera pretensión académica o puramente intelectual, puesto que incide en el día a día de personas y familias que comparten la misma dignidad que cualquiera.
«En este tiempo hostil, propicio al odio», que diría el poeta Ángel González, la reciente moción aprobada en el Ayuntamiento de Málaga contra la regularización de personas migrantes nos sitúa precisamente ahí, en un debate ordinario, carente del menor ápice de profundidad social y llamativamente deshumanizado.
Y habrá que volver a decirlo: el tema de la migración no es un frío mercadeo administrativo para ponderar eficacias numéricas, sino una cuestión moral que aborda el lugar que nuestra comunidad concede a quienes, muchas veces menores de edad, ya viven entre nosotros sin papeles. Porque ésa es la realidad que a veces se esquiva: ya están aquí.
No hablamos de hipótesis futuras o flujos abstractos, hablamos de vecinos concretos que trabajan, muchas veces en empleos invisibles, sostienen pacíficamente rutinas cotidianas y, en definitiva, forman parte de nuestra ciudad.
Y habrá, sin duda alguna, quien defienda la regularización desde argumentos utilitaristas: que Europa envejece, que faltan trabajadores, que el sistema necesita cotizantes... Pero si ése fuera el único argumento que, en favor de la defensa de este colectivo, se plantara sobre la mesa, habríamos perdido la capacidad de humanizar, de llamar al hermano por su nombre, que diría el profeta Isaías, y de mirar cara a cara a los ojos del drama. La dignidad de una persona, insisto, no puede depender de su utilidad económica.
Nadie puede negar la obligación y el derecho de los Estados a regular los flujos migratorios, pero, posiblemente, hoy más que nunca, sea necesario recordar lo que tradicionalmente sostiene la Doctrina Social de la Iglesia: el derecho a emigrar, el derecho a no emigrar y el derecho a ser acogido forman parte del acervo irrenunciable de la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Seamos francos. La normativa que en el marco migratorio no contemple vías realistas de integración no generará más seguridad, sino fragilidad laboral, economía sumergida, alquileres abusivos y clandestinidad estructural: realidades oscuras todas ellas que sí que traerán consigo algún beneficio, pero no para los más débiles, sino para los que viven a costa de las desgracias humanas, que también los hay.
Sin duda, una regularización apaciguada y responsable que ponga los acentos en la dignidad humana puede ser una clara oportunidad para salir de la vulnerabilidad, pero también para participar y colaborar plenamente en la vida social desde una ciudadanía responsable. Sin embargo, cuando el lenguaje comienza a normalizar la sospecha colectiva frente a todo aquello que tenga que ver con lo migratorio, llega un momento en que la persona deja de ser persona para convertirse, tristemente, en un problema; y es entonces cuando no sólo traspasamos la línea roja a partir de la cual la convivencia se resiente, sino que, además, ponemos el pie en ese terreno inhóspito y amoral donde todo lo que huela a humanidad desaparece.
Y podremos discutir hasta el infinito y más allá de todo lo procedimental, de los intrincados matices de lo normativo, del sostenimiento del Estado Social y de mil y un detalles más. Pero hay una gran verdad que no debiera de ser cuestionada: ninguna persona pierde su dignidad por carecer de un documento administrativo.
Quepa, además, recordar la mayor. Hoy, le pese a quien le pese, el Evangelio de Mateo sigue proclamando a voz en grito: “Fui forastero y me acogisteis”. Y ahí no hay metáfora alguna ni género literario que pueda diluir la claridad del mensaje. Eso sí, siempre podremos mirar hacia otro lado, desde la conveniencia económica, la irrenunciable fragilidad de lo acomodaticio, el utilitarismo social, el egoísmo que deshumaniza y los alambres de espino de los intrincados e intencionados laberintos del derecho administrativo.
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