Señor obispo, CCOO está contigo: frente al racismo, dignidad y derechos para las personas migrantes

La reciente aprobación en el Ayuntamiento de Málaga de una moción impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular contra el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes constituye un hecho extremadamente grave para nuestra ciudad. No sólo porque rechaza una medida necesaria para miles de personas que ya viven y trabajan entre nosotros, sino porque reproduce un discurso que criminaliza la migración y alimenta el miedo y la división social.

Desde CCOO Málaga manifestamos nuestra más absoluta indignación ante este posicionamiento político que sitúa al Ayuntamiento fuera del marco de los derechos humanos y del respeto institucional. La moción aprobada no se limita a cuestionar la regularización extraordinaria, sino que plantea medidas profundamente regresivas, como recortar apoyos sociales o cuestionar derechos básicos como el empadronamiento, algo que sería una vulneración directa de la legislación vigente.

Pero en medio de este clima de polarización, resulta especialmente significativo que una voz moral de referencia en nuestra provincia haya decidido sumarse con claridad a nuestras reivindicaciones. El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha advertido públicamente de los peligros de difundir mensajes que vinculan migración con inseguridad, colapso de los servicios públicos o amenaza social.

Sus palabras deberían hacer reflexionar a quienes hoy están alimentando discursos irresponsables desde las instituciones con el único fin de generar inseguridad, odio y ganar votos. El propio obispo ha recordado algo que quienes trabajamos cada día con personas migrantes sabemos perfectamente: la mayoría de ellas desean trabajar, contribuir y vivir en paz, mientras que la irregularidad administrativa es la que muchas veces las empuja a situaciones de explotación y vulnerabilidad.

En ese sentido, compartimos plenamente su afirmación de que la regularización administrativa es una herramienta que permite salir de la economía sumergida, cotizar y contribuir a la sociedad. Es decir, exactamente lo contrario de lo que pretende hacer creer la extrema derecha.

Porque conviene hablar con datos, no con prejuicios.

En la provincia de Málaga más de 121.000 personas trabajadoras extranjeras están afiliadas a la Seguridad Social. Representan entre el 18% y el 20% de la fuerza laboral en sectores esenciales como la hostelería, la construcción, los cuidados, la agricultura o el comercio. Y su aportación directa e indirecta al conjunto de la economía provincial supera los 8.500 millones de euros anuales, alrededor del 20% del PIB malagueño. Cada persona regularizada aportara mas de 70.000 euros a la economía malagueña.

Dicho de otra forma: sin las personas migrantes simplemente no funcionaría el modelo económico actual de nuestra provincia.

Por eso resulta especialmente cínico que quienes hoy los señalan como problema sean, muchas veces, quienes se benefician de su trabajo en condiciones precarias. Mantener a las personas migrantes en la irregularidad no protege la economía ni la convivencia; lo que hace es favorecer la explotación laboral y la economía sumergida.

La regularización extraordinaria que promueve el Gobierno de España no es un capricho ideológico. Es una medida de sentido común que ya se ha aplicado en diferentes momentos de nuestra historia reciente y que responde a una realidad evidente: hay miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad, que trabajan, que tienen hijos escolarizados y que contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema público.

Negar esa realidad no la hace desaparecer. Sólo genera más precariedad y más desigualdad.

Además, es profundamente irresponsable utilizar a las personas migrantes como chivo expiatorio de problemas que tienen causas muy diferentes. En Málaga los grandes retos sociales no tienen que ver con la migración, sino con la precariedad laboral, los bajos salarios, la especulación con la vivienda o un modelo económico que genera enormes desigualdades.

Convertir a una parte de la población en culpable de todos los males es una estrategia política peligrosa que rompe la convivencia y deteriora nuestra democracia.

Por eso también resulta importante recordar algo que el propio obispo ha señalado: apostar por la integración fortalece la cohesión social, mientras que excluir o señalar debilita la convivencia.

Desde CCOO lo tenemos claro: vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su origen. Y vamos a denunciar cualquier intento de utilizar las instituciones para legitimar la exclusión o vulnerar derechos fundamentales.

Porque las personas migrantes no son el problema.

Son parte de la solución.

Y porque frente al miedo, la mentira y el racismo, siempre estaremos del lado de la dignidad, de los derechos y de la convivencia.