Por una ley de arbolado urbano para salvar vidas

Hasta hace bien poco los árboles en nuestras ciudades eran un elemento más del paisaje urbano, como podrían ser las farolas o las señales de tráfico. Sin embargo, una larga lista de investigaciones científicas ha demostrado en los últimos 20 años que son mucho más que eso. Especialmente en el campo de la salud pública, es un hecho contrastado que el arbolado urbano, en suficiente calidad y cantidad, reduce los factores de riesgo de mortalidad en las ciudades. En Málaga concretamente uno de esos estudios señaló que podría evitarse un tercio de las aproximadamente 600 muertes (que se dice pronto) que se producen cada año solo a causa del calor extremo. Un escenario que solo va a ir a peor de aquí a 2052, si no se toman medidas drásticas y urgentes. En otras palabras, los árboles salvan vidas. Reducen la contaminación en el aire respirable, evitando así muertes por afección cardiovascular y respiratoria, y reducen también la temperatura local, evitando así muertes por episodios de calor extremo y efecto isla de calor urbana. Capturan gases de efecto invernadero y amortiguan la temperatura de los materiales de construcción, reduciendo con ello la necesidad de aire acondicionado y calefacción y el consumo energético y mitigando así el cambio climático. Además reducen la escorrentía y aumentan la retención de agua, suavizando así los efectos de las lluvias torrenciales y evitando la consiguiente pérdida de vidas. También atenúan la contaminación acústica, reduciendo así los casos de estrés y mejorando la salud mental, un problema cada vez más acuciante. Contribuyen a la renaturalización de las ciudades, al mejorar la biodiversidad y el hábitat de aves insectívoras y otra fauna beneficiosa.

Por todo ello, es el momento de que el arbolado en el medio urbano sea considerado infraestructura verde al servicio de la salud pública y el bienestar social en todas sus dimensiones. Más allá de ideologías, es indudable que las administraciones públicas deben abordar el fomento de las zonas verdes con suficiente arbolado. Nos va en ello la vida.

En mayo del año pasado nació la plataforma ciudadana Málaga por la Regeneración, al calor del éxito de las proyecciones del documental ‘HOPE: Estamos a tiempo’, apoyada por más de 50 colectivos. Nada más empezar fueron conscientes de los acontecimientos ‘típicos’ del verano en gran parte de Andalucía (golpes de calor, incendios forestales, falta de sombra, sequías y problemas de acceso de agua). Por ello, surgió la idea de realizar un borrador de ley no solo para proteger los árboles, sino para mejorar nuestra salud. Málaga por la Regeneración formó un grupo de trabajo técnico para impulsar una ley de protección y fomento del arbolado urbano. La plataforma invitó al Partido Verde andaluz (Verdes Equo) a formar una mesa de trabajo conjunta sobre una iniciativa tan necesaria y urgente para salvar vidas en nuestras ciudades. El fruto de ese trabajo conjunto fue la presentación hace un mes en el Parlamento andaluz de una proposición de ley pionera, coherente y arraigada en el marco jurídico autonómico.

Si todo este esfuerzo ciudadano diera frutos y la ley pudiera ver la luz (y el BOJA), algunos cambios importantes tendrían lugar en nuestras ciudades en los años siguientes. Para empezar, habría una nueva y eficaz forma de proteger el arbolado urbano ya que, si bien es cierto que hay algunas buenas ordenanzas municipales, es bien sabido que la amenaza viene algunas veces precisamente de quienes tienen la obligación de proteger a nuestros árboles. Y es que la Junta de Andalucía tendría por fin herramientas para vigilar e intervenir en la acción o inacción de los ayuntamientos en casos justificados, algo que acabaría con la impunidad de ciertos políticos arboricidas locales.

Los municipios tendrían, además, la obligación de poner en marcha políticas globales de integración, conservación y desarrollo del arbolado urbano a través de los inventarios municipales y los planes de conservación y fomento, con un plazo concreto. Estos planes se basarían en un estudio de indicadores medibles objetivamente para cumplir los fines establecidos en materia de salud pública, adaptación al cambio climático, absorción de carbono y contaminantes atmosféricos, creación de zonas verdes o fomento de la biodiversidad.

La tala y las podas drásticas se considerarían, a diferencia de hoy, la última solución aplicable, permitiéndose solo en circunstancias justificadas por personal funcionario competente. Además, la tala siempre supondría la obligación de trasplantar, reponer o compensar económicamente, en ese orden de prioridades. La compensación económica, en concepto de indemnización a la ciudad, conllevaría la creación de un fondo municipal que solo se podría dedicar a los nuevos compromisos de forestación que la ley atribuye a los municipios.

Estas líneas de actuación requerirían de un ambicioso plan de sensibilización, de formación y de información para que la ciudadanía contemple los árboles como seres vivos y valore los servicios que nos prestan. Porque, como nos dice la ciencia y la realidad, a más árboles, más vidas.