La ley del silencio

En las tramas de poder, el silencio es el verdadero cemento. No los sobres, ni las mordidas, ni los contratos amañados. Toda organización corrupta descansa sobre una certeza: nadie hablará. Eso es lo que vuelve a verse en el "Juicio de las Mascarillas".

Hay corrupciones de ventanilla y corrupciones de moqueta. Las primeras suelen ser burdas y breves. Las segundas prosperan durante años porque aprenden a confundirse con el funcionamiento normal del poder. La corrupción importante casi nunca empieza con una maleta sino con una familiaridad.

Por eso el arrepentido siempre incomoda. Porque también es culpable y habla cuando ya tiene miedo. Pero el Estado necesita instrumentos imperfectos para combatir corrupciones casi perfectas. Las organizaciones corruptas no caen solas. Caen cuando uno de los suyos calcula que el silencio ya no le protege.

Eso es, en el fondo, lo que se ha ventilado estos días en el Tribunal Supremo. Lo que se está juzgando allí es una determinada forma de degradación institucional: una corrupción organizada alrededor del poder político, instalada –según el fiscal Anticorrupción– en torno a un ministerio del Gobierno y sostenida durante años con "vocación de permanencia".

La expresión tiene un peso jurídico devastador. Significa que no se trataba de episodios aislados, sino de una estructura estable, capaz de convertir el acceso al Estado en una herramienta de beneficio privado.

El informe final del fiscal jefe Anticorrupción ha tenido por ello una dimensión que trasciende el caso concreto. No fue sólo un escrito de acusación. Fue también una llamada de alerta democrática.

La corrupción política organizada –advirtió– "está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio". Pocas veces un fiscal había descrito con tanta crudeza el deterioro institucional que produce la colonización del poder por redes clientelares.

Más demoledora aún resultó su reflexión sobre quienes trivializan o desacreditan las investigaciones de corrupción. Advirtió del daño que provocan los poderes públicos cuando "normalizan o minimizan" estas conductas o "descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas".

La frase retrata un fenómeno corrosivo: convertir a jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas incómodos en sospechosos, para que los verdaderamente sospechosos parezcan víctimas.

Y, sin embargo, en medio de esa contundencia apareció la gran paradoja del juicio. El mismo fiscal que describió una trama enquistada en el poder defendió también el valor de la colaboración.

El arrepentido sigue siendo un delincuente confeso. Pero su aportación ha resultado decisiva para ampliar el perímetro de las investigaciones y descubrir nuevas ramificaciones. Ahí emerge la cuestión verdaderamente delicada: cuánto debe premiar el Estado a quien rompe la ley del silencio dentro de una organización corrupta.

Resulta incómodo que quien participó en una trama obtenga beneficios penales. Pero la política criminal moderna comprendió hace tiempo que ciertas estructuras sólo pueden desmantelarse desde dentro. Italia lo aprendió frente a la mafia: sin incentivos eficaces, las organizaciones criminales se blindan mediante la omertá.

Por eso tuvo importancia que el fiscal jefe recordara expresamente la necesidad de proteger la figura del colaborador con la Justicia. Incluso dejó entrever la posibilidad de apreciar una atenuante muy cualificada por confesión. Formalmente no la solicitó. Pero oralmente pareció sostener bastante más de lo que finalmente podía pedir por escrito.

Esa diferencia reflejó la tensión entre la lógica jurídica de la colaboración y las incomodidades políticas que rodean al procedimiento.

El juicio queda visto para sentencia y el Tribunal Supremo decidirá ahora la pena concreta de los acusados. Pero la sentencia tendrá un alcance mucho mayor que el estrictamente penal. Fijará el valor futuro de la confesión en la corrupción política.

Porque si quien abandona la estructura y aporta información decisiva recibe un tratamiento prácticamente idéntico al de quienes callan hasta el final, el mensaje será inequívoco: el silencio sigue siendo el negocio más seguro.

Las tramas corruptas no suelen hundirse por escrúpulos morales. Sucumben cuando alguien empieza a hablar. La cuestión que ahora debe resolver el Supremo es sencilla y delicada al mismo tiempo: si en España merece la pena romper el silencio cuando el silencio protege al poder.