Moncloa, un limbo que necesita reglas

España lleva 48 años de democracia y todavía mantiene sin regular dos figuras relevantes de la vida pública, los expresidentes del Gobierno y las parejas del presidente. Dos ámbitos que en cualquier país maduro deberían estar delimitados y que, aunque llegue tarde, España tiene que abordar. Así lo reconoce Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, en una entrevista. Lo llamativo es que solo se abra el debate a golpe de escándalo. Esa forma de legislar corre el riesgo de convertir una norma necesaria en la respuesta a dos nombres propios -José Luis Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez-, en lugar de crear un marco estable que ordene la vida pública.

El caso de Zapatero, investigado en una causa judicial por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental, fraude fiscal y contrabando, lo ilustra bien. La existencia de ese proceso judicial, que deberá resolverse en los tribunales, no elimina una cuestión institucional previa. Calvo lo plantea de forma razonable. Si quienes ejercen un cargo público tienen un régimen de incompatibilidades, de transparencia y de límites, ¿por qué no establecer otro para los expresidentes?

Lo mismo ocurre con las parejas de los presidentes del Gobierno, en este caso representadas por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, también inmersa en un proceso judicial que determinará las responsabilidades que correspondan.

España sigue sin contar con una definición clara sobre el papel institucional de estas personas: qué pueden hacer, qué obligaciones tienen, qué incompatibilidades les afectan o qué transparencia deben asumir. Cuanto más abierta queda la puerta, más fácil es que cada caso sea una fuente de sospecha, de lucha política o frente judicial. Urge regular estas figuras. Hacerlo no significa anticipar conclusiones sobre los casos bajo examen judicial, sino evitar que en el futuro la ausencia de reglas vuelva a convertir cualquier controversia en un conflicto institucional.

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