Prioridad nacional, una falacia más

Se está creando una sociedad hostil contra los extranjeros en nuestro país. Se empieza por los recortes en políticas sociales, y se termina con la “expulsión voluntaria” ante el clima social generado al respecto.

Al ascenso de la extrema derecha no se le hace frente asumiendo sus políticas, sino todo lo contrario regularizando y ofreciendo las mismas oportunidades sin distinción de raza o nacionalidad. Evitar crear un clima social en el que cualquier ciudadano se sienta empoderado frente al extranjero, debiera ser principio de todos los partidos políticos democráticos. Evitar situaciones, como hemos visto en Israel contra la población palestina, donde las agresiones personales y a sus propiedades se normalizan por la sociedad.

La prioridad nacional no es un slogan, es un prinicipio ideologico de segregación, exclusión y racismo. Se empieza por los recortes en políticas sociales, se continúan con recortes en políticas sanitarias, en políticas de empleo y de formación para el empleo, y se termina “invitando a salir del país” voluntariamente.

En nuestro país, los acuerdos para ocupar los gobiernos autonómicos entre PP y VOX, han pactado una de las medidas denominadas “prioridad nacional” que choca frontalmente con las necesidades de los empleadores.

Encajar esa discriminación social en el actual marco constitucional, no les será fácil. De hecho las primeras medidas tomadas en ese sentido también están dañando a una parte de la población española necesitadas de esas prestaciones sociales en sus diversas formas.

Exigir un tiempo mínimo como personas residentes en cada municipio o comunidad, en muchos casos es un imposible tanto para personas extranjeras como nacionales, pues meter en la ecuación: Ser residente-empadronado, tener por tanto un domicilio regularizado bien en alquiler o en propiedad, (con las dificultades que se tiene para poder vivir cerca del empleo), directamente supone la expulsión de nuestras ciudades, regiones o país, de un grupo importante de la población (ya sean extranjeros o nacionales). El ejemplo más lascerante es la medida adoptada por la presidenta de la comunidad de Madrid, al extender el bono de transporte solo a los residentes.

En Andalucía, el partido popular está negociando con VOX a espalda de los andaluces, sin luz ni taquígrafos, escondidos en un despacho de San Telmo. Y los andaluces tenemos derecho a conocer qué están pactando, pues nos afectarán a todos en mayor o menor medida. Pretender excluir a la población extranjera en los derechos de prestaciones sociales, supone un daño al conjunto de la población que cumpla con esos mismos requisitos, pues esconde un recorte presupuestario de tal nivel que afecte tanto a extranjeros como a nacionales. Por tanto llevar a recortes presupuestario la limitación de las prestaciones sociales, afectará al conjunto de la población andaluza.

Hoy la población trabajadora extranjera en nuestra provincia está creciendo en términos de empleo, y están aportando mucho al crecimiento de nuestra región. Con datos de la seguridad social de carácter interanual desde abril de este año hasta abril del pasado 2025, el incremento del empleo en Málaga ha sido superior en la población extranjera (13.522 personas extranjeras más que hace un año) frente al incremento del empleo de la población de origen nacional (12670 personas más de origen nacional).

La contratación de extranjeros en estos años, ha aumentado de forma notable, de 92.992 contratos en 2021 a 119.370 en 2025, como hemos dicho, un aumento del 28,4%. Crecimiento que contrasta claramente con la evolución de la contratación provincial en estos años. Teniendo en cuenta estos dos efectos, la proporción de la contratación de extranjeros en la provincia ha pasado del 13,2% de la contratación provincial en 2021 al 20,7% en 2025.

Este año la cifra sigue subiendo con más de 131.000 personas extranjeras a quienes les debemos parte del crecimiento económico de nuestra provincia, al mismo tiempo que también están generando los mismos derechos sociales o laborales más allá de su nacionalidad. Por tanto el recorte en prestaciones sociales para ellos, también es un recorte en prestaciones sociales para los españoles. Porque no se puede discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.