Ética pública

Hay países que no se pudren por falta de leyes, sino por exceso de coartadas. España lleva décadas fabricando códigos éticos, oficinas de transparencia, comparecencias solemnes y planes regeneradores con la misma alegría con que un sacristán enciende velas ante un santo al que ya nadie reza. Cada escándalo viene acompañado de su liturgia: gesto contrito, promesa de limpieza, comisión, rueda de prensa y olvido. Luego el polvo vuelve a posarse sobre los muebles y la casa continúa oliendo a cerrado.

La decencia pública no consiste sólo en no meter la mano en la caja. Eso sería exigir al gobernante la moral mínima de un cajero de supermercado. La decencia empieza antes: en no mentir, no colocar al inútil, no premiar al obediente, no confundir el partido con una familia mantenida por el presupuesto, no llamar error a lo que fue abuso ni campaña a lo que simplemente huele mal.

Nos hemos acostumbrado a una política que ya no se avergüenza. Y ésa es la verdadera catástrofe. Porque la vergüenza fue durante siglos una institución invisible: no necesitaba boletines ni reglamentos, bastaba con que alguien se pusiera colorado antes de cruzar ciertas líneas. Hoy, en cambio, el descaro comparece con argumentario. Nadie dimite; se reubica. Nadie pide perdón; contextualiza. Nadie asume culpa; denuncia una conspiración. La realidad se convierte en plastilina verbal hasta que el ciudadano, agotado, acaba aceptando que todos son iguales y que la limpieza es una ingenuidad para almas de catequesis.

Pero no todos son iguales, ni conviene aceptar esa blasfemia cívica. Precisamente porque no todos son iguales, hay que exigir a todos la misma severidad. La corrupción no tiene ideología: tiene apetito. Se sienta donde hay poder, contratos, nombramientos y silencio. Cambia de siglas como la serpiente cambia de piel, pero conserva intacto su veneno: convertir lo común en botín y lo público en cortijo.

La regeneración no llegará sólo con nuevas normas, aunque hagan falta. Llegará cuando vuelva a ser intolerable lo que ahora se disculpa por interés de tribu. Cuando un cargo incompetente no pueda refugiarse en el carné. Cuando el militante deje de aplaudir al suyo aunque se le vea el barro hasta las rodillas. Cuando los partidos entiendan que la lealtad no consiste en tapar vergüenzas, sino en impedirlas.

La ética pública no es un adorno de opositores ni una palabra para investiduras. Es la respiración moral de una democracia. Sin ella, las instituciones siguen funcionando como relojes parados: conservan la esfera, las agujas y el prestigio antiguo, pero ya no dan la hora de la vida.

España no necesita más sermones de regeneración pronunciados por los mismos que viven de aplazarlos. Necesita pudor: esa virtud humilde que impide al servidor público comportarse como dueño de la finca. Porque cuando desaparece la vergüenza, los códigos éticos llegan tarde. Y cuando la política pierde el pudor, la ciudadanía empieza a perder la fe.

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