Marine Le Pen mata al padre y al hijo

Donald Trump es un delincuente, sin necesidad de metáforas. Fue condenado en Nueva York por 32 delitos, tras pagar con fondos de campaña el silencio de la actriz porno con la que mantuvo relaciones sexuales mientras su esposa estaba embarazada. Por tanto, la constatación de que Marine Le Pen también es una malversadora criminal por la contratación fraudulenta de asesores no conlleva censura alguna, si acaso abre la posibilidad de que todos los candidatos presidenciales requieran la aportación de un certificado de experiencias penales. La ultraderechista francesa aspira al cargo de Sarkozy, que ya pasó por la cárcel.

La tobillera electrónica que infama a Le Pen equivale a la retirada preventiva del pasaporte a Begoña Gómez, porque también en Francia proliferaron las acusaciones de lawfare cuando pareció que una condena sacaba a la líder de Reunión Nacional de la carrera en 2025, tras endosarle cinco años de inhabilitación para el cargo. Hasta el desabrido Jean-Luc Mélenchon fue cartesiano por una vez, al renegar de la intromisión judicial para alardear de que a la extrema derecha se la derrota en las urnas. Es una lección de orgullo democrático, a quienes desean aligerar trámites porque desalojar a los ultras es una causa justa. La heredera del lepenismo es la candidata de extrema derecha más próxima a gobernar un país de primer rango, pese a su perfil de mujer solitaria con gatos que J.D. Vance esgrimió para ridiculizar a las votantes de Kamala Harris.

Con la bola de preso atada a la pierna, Le Pen mantiene su ventaja ante la ausencia de candidatos en condiciones de neutralizarla. Para alcanzar la posición puntera no solo ha tenido que matar al padre Jean-Marie, sino sobre todo al hijo Jordan Bardella, el arquetipo del ultraderechista de manual. A propósito, y dado que todos los grupos desde Vox a Bildu le auguraron una imputación a Pedro Sánchez en el Congreso, empieza a quedar claro que esta hipótesis insostenible tampoco impulsaría a dimitir al presidente del Gobierno. Con esta premisa, se observa desde una perspectiva diferente el mantenimiento en el cargo desde La Moncloa de los sucesivos imputados de marca socialista.

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