Opinión | En corto
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Enrique Bacigalupo. / EFE
Fue pena que el profesor y magistrado Enrique Bacigalupo, que acaba de morir, no llegara a coincidir en la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo con el también magistrado (y luego Presidente) Manuel García Miguel, al que en 1987 sucedió en la citada Sala, dos viejos liberales en la cúpula del orden legal coactivo, y los dos partidarios, en la teoría o en la práctica diaria, de la «intervención mínima del derecho penal», principio que supuestamente hoy sigue inspirando la legislación penal pero que ha sido abrogado en su práctica: una realidad bien patente en el hecho de que comisarias y juzgados se encuentren inundados de denuncias sin entidad penal, muchas se hayan convertido en simples atajos para obtener efectos civiles y la política se haya judicializado hasta extremos inconcebibles, sin que nuestros príncipes del derecho de muceta o toga parezcan enterarse.
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