El fuego que no prendió la disputa política

Se han arrasado miles de hectáreas, obligado a desalojar pueblos y puesto en peligro vidas, pero por una vez, no ha prendido la disputa política. En un país donde las grandes emergencias suelen derivar en un intercambio de reproches entre administraciones, Aragón ha ofrecido estos días una imagen poco habitual. Las instituciones han entendido que frente a una catástrofe, lo importante es gestionar las capacidades, no discutir competencias.

Las grandes emergencias ponen a prueba el funcionamiento del Estado, bien lo vimos con el covid. El modelo autonómico nació para distribuir el poder, pero también para compartir recursos y actuar conjuntamente cuando las circunstancias lo exigen, esa es su verdadera prueba de estrés.

Y eso es lo que ha ocurrido estos días. El Gobierno de Aragón ha solicitado los recursos necesarios, el Gobierno de España los ha movilizado, los ayuntamientos han coordinado la respuesta y cientos de agricultores han puesto sus tractores y su conocimiento del territorio al servicio de un objetivo común. Este comportamiento de lealtad institucional no significa renunciar a las propias competencias, sino ejercerlas pensando antes en el interés general que en el rédito político.

Hemos llegado a un punto en el que la cooperación sorprende más que el enfrentamiento, esa es también la noticia porque en demasiadas ocasiones incendios, inundaciones o pandemias derivaban enseguida en una discusión sobre responsabilidades antes que sobre soluciones.

Las campañas de incendios en Castilla y León o Andalucía del pasado verano dejaron también ese reflejo. Mientras avanzaban las llamas, crecían los reproches sobre los medios, la prevención o las competencias. Eso no significa que en Aragón no haya decisiones que revisar cuando todo termine. Las habrá porque la rendición de cuentas forma parte de cualquier democracia. Pero una cosa es exigir responsabilidades cuando la emergencia ha pasado y otra convertir una catástrofe en un campo de batalla partidista mientras todavía se combate.

Deberíamos también reivindicar el papel de los agricultores. Han abierto cortafuegos, transportado agua y colaborado con los servicios de extinción allí donde su experiencia resultaba imprescindible. Han recordado que la protección civil también se construye desde el territorio.

Quizá esa sea la principal lección política que deja este incendio. La fortaleza del Estado autonómico no reside solo en el reparto de competencias, sino en la capacidad de ejercerlas con lealtad. Frente al fuego, coordinar las capacidades es mucho más importante que discutir quién las tiene, esa debería ser la verdadera normalidad.

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