Se veía venir que la entrada en vigor de la nueva norma del aborto, la que permite interrumpir el embarazo sin dar explicaciones hasta la semana 14, iba a provocar bastante revuelo; ya lo hizo antes de su aprobación, ayer: la Ley de Salud Sexual acumula tres recursos en el Tribunal Constitucional, aún no resueltos y que podrían terminar condicionando la aplicación del flamante reglamento. Pero con el estreno llegó la rebelión: cuatro comunidades regidas por el PP, Murcia, Galicia, Valencia y Madrid, además de Navarra -que ya cuestionó la constitucionalidad del texto hace semanas- se resisten a acatar la norma.
Así, como la norma está pendiente de que se resuelva el recurso del PP ante el Constitucional, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que «no hay razones para acatar» la ley del aborto, puesto que la norma «todavía no está en su punto final». De otro lado, pero en el mismo bando, Madrid, Galicia y Valencia: la región comandada por Esperanza Aguirre resaltó ayer su intención «de proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios»; la Xunta anunció que no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Gobierno estatal, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de hoy; finalmente, el Ejecutivo de Francisco Camps se alinea con Murcia y asegura que no debería haberse aprobado la ley hasta que se resolvieran los recursos sobre su constitucionalidad. Por su parte, Navarra anunció que garantizará las interrupciones pero que las desviará a otras regiones.
No sólo hubo rebelión política: la Organización Médica Colegial volvió a criticar que la ley otorgue exclusivamente al médico la responsabilidad de decidir si una menor de 18 años puede interrumpir su embarazo sin comunicárselo a sus padres si alegan violencia familiar; por otra parte, el Centro Jurídico Tomás Moro presentaron ante el TC un recurso colectivo de amparo contra la ley del aborto, entre otros motivos, por la ley de plazos: «La embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción».
Rodríguez Zapatero
Ante este aluvión de disidencias, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso ayer defender la Ley de Salud Sexual. Por un lado, se mostró convencido de la constitucionalidad de la norma; por otro, indicó que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una ley de «prevención», porque está destinada a evitar embarazos no deseados, y de «seguridad», ya que ofrece más garantías a las mujeres y a los profesionales ante una interrupción voluntaria. Además, resaltó que tiene un carácter «europeo», porque está «en la media de las leyes de países de la UE con Gobiernos de todos los colores políticos»
Málaga
La polémica ley también ha generado distintos posicionamientos en Málaga. La delegada para la Igualdad y Binestar Social de la Junta, Ana Navarro, consideró que con la nueva norma se realiza una «mejor» atención a las necesidades de las mujeres embarazadas, muchas de las cuales son jóvenes. Esta opinión es compartida por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, Pilar Oriente, quien destacó la «importancia» de los nuevos plazos para la interrupción del embarazo.
De otro lado, la vicesecretaria de Bienestar Social del PP andaluz, Ana Carmen Mata, se posicionó en contra de esta nueva norma, a la que tildó de ser la «más radical» de todas las que existen en Europa sobre el aborto; es, además, una ley innecesaria en su opinión.
Las asociaciones provida que han llevado a cabo numerosas concentraciones contra la ley de Salud Sexual y Reproductiva en todo el país, seguirán realizándolas, según indicó la delegada en Málaga de la asociación Derecho a Vivir, Concha Porta, quien resaltó que se trata de«una batalla muy larga»: «No nos vamos a quedar en el empeño, vamos a seguir adelante».
