"Me resulta doloroso que solo se recorte en sanidad y educación"

Creo que estamos viviendo una crisis económica muy profunda, eso lo sabe todo el mundo, y hay que recortar. Cuando denuncié hace unos meses en el Congreso de los Diputados el despilfarro y la necesidad de tipificar esta actividad como delito, fue precisamente porque intuía que ese despilfarro nos llevaría al recorte de los derechos sociales. Estuve acertada porque así ha sido.

Pero han puesto en pie de guerra al sector educativo y sanitario. Debe haber otros sitios en los que recortar...

Se está recortando de todas partes. Pero me resulta doloroso que se recorte en estos temas y que no lo hagan en la subvenciones a sindicatos, partidos políticos y patronales, por ejemplo. En televisiones autonómicas, por ejemplo. En embajadas nacionalistas... Y, por ejemplo, en los pinganillos del Senado. Entiendo los recortes pero hay un orden de prioridades. Y hasta que no se recorte en lo que he comentado antes que en sanidad y en educación, no apoyaré estas medidas.

¿Cómo ve la situación económica desde su cargo?

Hemos sufrido una situación de nuevos ricos y no hemos sabido administrar nuestro dinero. La prueba está en todo lo que está saliendo a la luz. Esos despilfarros y esas locuras de aeropuertos donde no hacen falta porque no hay aviones, y de polideportivos sin personas para utilizarlos o universidades en sitios donde no tienen sentido. Todos los abusos y despilfarros se pagan, y nosotros los estamos pagando ahora. Y es muy duro.

Como Defensora del Pueblo, habrá registrado una carga importante de asuntos derivados de estos tijeretazos.

Sí, efectivamente. El Defensor del Pueblo es como una especie de confesionario al que la gente acude in extremis, cuando ya ha tocado todos los resortes posibles. No soy quién para hacer las políticas en materia de trabajo, sanidad o educación, son los políticos quienes las hacen. El Defensor solo puede aconsejar o recomendar, como yo estoy haciendo, en el sentido de que los recortes se hagan antes en otros campos que en los derechos sociales.

Estamos hablando de posibles copagos, lo que colisiona con la universalidad de la sanidad que recoge la Constitución.

En este tema prefiero no decantarme expresamente porque tengo solicitudes de personas y colectivos para que interponga recursos de inconstitucionalidad...

Por eso le pregunto...

[Ríe] Todavía queda tiempo para tomar la decisión. Dependerá, por ejemplo en cuanto a la reforma laboral, que está en fase de presentación de enmiendas. Dependerá de cómo queda la ley, al igual de cómo quedan los recortes en sanidad.

Hablando de la Carta Magna, también reconoce el derecho a una vivienda digna. Y siguen los desahucios a gente sin recursos.

Quiero que se sepa que presenté un informe que ha tenido una enorme repercusión sobre la crisis hipotecaria y los desahucios, y en el que aporté medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, y paliativas para aminorar los daños que ha provocado la concesión de hipotecas de forma irresponsable.

Da la sensación de que para temas políticos es tabú reformar la Constitución, pero no para recortar derechos sociales.

Puede haber vulneración de la Constitución, pero de todas formas, en cuanto a las hipotecas estoy satisfecha con mi informe. Ha supuesto una mejora e incluso poder llegar a la dación en determinados casos, no en todos porque eso encarecería los créditos y la gente no podría acceder a una vivienda.

También es polémica la decisión del Govern de Bauzá de dejar a los padres la elección de la lengua en la que quieren que sus hijos se eduquen...

Me remito a la sentencia del Tribunal Constitucional con motivo del Estatut de Cataluña, que ha clarificado plenamente que no hay primacía de una lengua sobre la otra, y que las dos son lenguas vehiculares.

Hace unas semanas el protagonista por presunta corrupción era Jaume Matas y ahora lo es Iñaki Urdangarin. ¿Ha recibido el Defensor del Pueblo solicitudes o presiones sobre estos asuntos?

No, pero de haberlo hecho no podría haber entrado en el conocimiento del tema porque cuando un asunto está judicializado, el Defensor del Pueblo cesa de sus competencias.