La Diputación de Valencia investiga si el funcionario que ostenta la jefatura del archivo provincial, Carles Recio, ha incumplido su jornada de trabajo en los últimos diez años.

Según ha informado el área de Administración General y Transparencia de la Diputación tras la información que hoy publica 'El Mundo', actualmente no consta en el registro del servicio de Personal "ningún comunicado, escrito o información oficial sobre las presuntas anomalías en la situación laboral" de este empleado.

El diputado responsable del personal, José Ruiz, ha informado de que constan los registros diarios de Recio en los controles biométricos con los que se realiza el seguimiento de las entradas y salidas de los empleados de la Corporación en sus puestos de trabajo.

Sin embargo, tras conocerse este lunes que Recio admite no trabajar desde hace diez años por un puesto de responsabilidad por el que cobra cerca de 50.000 euros al año, el diputado responsable del área de Personal ha ordenado la apertura de un expediente informativo, que contará con un instructor y un secretario, para recabar información y en su caso exigir las responsabilidades oportunas.

El trabajador cuya presencia en su puesto de trabajo se ha puesto en cuestión accedió al cargo en 2006, bajo la presidencia entonces de Fernando Giner (PP), aunque no se ha informado sobre el procedimiento que se siguió para su contratación.

"Una vez finalizado el expediente informativo, si así se considera, se incoarían los expedientes disciplinarios que fuesen necesarios", ha explicado a EFE el jefe de gabinete del diputado, José Luis Aragón, en referencia a las posibles responsabilidades de los superiores de Recio en los últimos años.

"Hechos como el denunciado en este medio de comunicación dañan la imagen de la corporación y de todos los empleados públicos, y eso nos duele mucho porque son extraordinarios profesionales", ha agregado.

"En este momento, que nosotros sepamos, no tenemos conocimiento de que nadie, de forma oficial, haya comunicado al servicio de Personal ninguna anomalía respecto al comportamiento de este funcionario", según Aragón.