Carmen Villamide tiene 76 años, padece un principio de Alzhéimer y ha trabajado como portera de una comunidad de vecinos durante 30 años. En 2016, tras tres años trabajando ya con el diagnóstico de la enfermedad degenerativa, su estado empeora y tiene que dejar de trabajar. Al ir la hija de Carmen a solicitar la pensión de jubilación que le correspondía a su madre, la Tesorería rechazó la petición por no haber cotizado Carmen los años mínimos necesarios y no tener derecho a ella.

Carmen comenzó a trabajar en la portería del edificio de la madrileña Calle Ferraz, 61 cuando enviudó, en el año 1986. Tenía que hacerse cargo por sí sola de sus dos hijas y tuvo que aferrarse al trabajo que le ofreció la comunidad, por el que percibía un salario “indigno” a cambio de acceder a una vivienda de 40 metros cuadrados en el mismo bloque.

Así lo cuenta la hija de Carmen, Cristina, en la petición que ha abierto en Change.org para pedir que a su madre le den una jubilación tras tantos años de trabajo en los que ha sido “honrada, formal, dedicada, dispuesta, cumplidora y cariñosa”.

Cristina denuncia que la comunidad nunca dio de alta a Carmen en la Seguridad Social. Nunca, hasta 2012, cuando fue dada de alta en el sistema con un contrato a media jornada y un sueldo de 150 euros al mes. Todo lo que debería haber cotizado con anterioridad, más de 26 años, simplemente no existe.

Pese a que la administración de la finca no ha querido hablar, sí lo han hecho los vecinos. Una de ellas dice que tras enviudar, le dieron la casa “por caridad, incondicionalmente”, pero que no era la portera.

Desde el entorno de Carmen, desmontan esta versión, puesto que los propietarios le hicieron a Carmen un plan de pensiones privado que estuvo activo entre 1991 y 2004. “Si no hubiera sido trabajadora de la finca, ¿cuál es el motivo por el que la comunidad de vecinos le apertura un plan de pensiones?", cuestionan.

Carmen y su familia ya acudieron a la Justicia, pero Cristina se lamenta “todo es un eterno inconveniente, un retraso infinito en los plazos”, y que las personas que trabajan en el caso “se lo van pasando como si fuera una brasa en sus manos”.

Ahora pide justicia con la petición en change.org, que ya casi ha alcanzado las 25.000 firmas que pedía.