Thomas Cook será indemnizado con 3.744 libras (4.188,2 euros) por una pareja británica después de un juez del Liverpool (Inglaterra) desestimara una falsa reclamación por enfermedad sufrida por los turistas en sus vacaciones en un hotel de Canarias en 2013. Este tipo de demandas están proliferando en las zonas turísticas, como la Costa del Sol, ocasionando un grave perjuicio a hoteles y touroperadoras, que habitualmente se ven obligados a devolver el dinero de las vacaciones y alguna indemnización, alentados por abogados 'cazademandas' en las puertas de los establecimientos hoteleros.

La pareja, Julie Lavelle y Michael McIntyre, reclamó una indemnización de 10.000 libras (11.186,5 euros) por una supuesta intoxicación que sufrieron ellos y sus dos hijos en España culpando a la mala comida e higiene de su hotel en Gran Canaria y alegando que sus síntomas continuaron después de haber regresado a Reino Unido.

El juez desestimó la denuncia y concluyó que no había pruebas creíbles de que ellos o sus dos hijos hubieran sufrido tal intoxicación en sus vacaciones en Gran Canarias, informa el medio británico 'The Times'.

Tras la victoria en los tribunales, el director general de Thomas Cook, Chris Mottershead, dijo a los medios británicos que "este caso sigue un patrón cada vez más común para estas reclamaciones, con una enfermedad previamente no comunicada que se levantó años después del día de vacaciones, sin ninguna prueba médica o de otro tipo para apoyar la versión".

Según la legislación británica, los turistas de Reino Unido pueden realizar las reclamaciones fuera de su país hasta tres años después de haber abandonado la región donde pasaron sus vacaciones.

Las reclamaciones falsas de los turistas británicos por intoxicaciones alimentarias sufridas durante sus vacaciones en España haya crecido un 700% en tan solo un año y han provocado que algunos hoteles hayan tenido que desembolsar hasta 500.000 euros para hacer frente a unas denuncias, lo que puede ser una lacra para el sector turístico no sólo de España, sino también de otros destinos europeos como Italia, Grecia o Portugal.

El Gobierno británico estudia ya poner límites a los costes legales que las compañías tendrían que afrontar si van a juicio ante las denuncias fraudulentas, mediante un proyecto de ley que modificaría la legislación existente, para poner freno al aluvión de denuncias falsas por intoxicación alimentaria por parte de turistas británicos en sus viajes a España aprovechando la falta de requisitos a la hora de presentar estas denuncias.

Como primera medida, se quiere acabar con la laguna legal que permite a los turistas británicos reclamar tras tres años de haber visitado su destino.

La iniciativa del Ejecutivo de May llegó después de que la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA) lanzara la campaña Stop Sickness Scams ('Stop a las estafas por enfermedad') entre los propios británicos en la que se advierte de que presentar una demanda fraudulenta en el extranjero puede suponer una condena de hasta tres años de cárcel en el extranjero. La iniciativa, lanzada como apoyo a los miembros de la ABTA y sus socios de la industria turística, cuenta entre otros apoyos con Thomas Cook, TUI, Jet2holidays y Monarch.