Es un debate histórico dentro de los gobiernos de los diferentes países del mundo. La legalización del cannabis ha sido siempre un punto de inflexión entre políticos y sociedades. A la hora de barajar las ventajas y desventajas que supondría la permisión del uso y venta de esta droga, la más consumida de media en el mundo con una cifra del 2.5% de la población mundial -unas 147 millones de personas- según la OMS, la controversia está asegurada. Aunque son algunos los lugares que ya han dado pasos firmes en esta materia.

Estados Unidos es un claro ejemplo de ello. Hasta 28 de los 50 estados que pertenecen a Norteamérica han legalizado de algún modo el consumo de la marihuana, muchos de ellos con fines terapéuticos. Según un estudio publicado en la revista Health Affairs, desde que se dio luz verde a esta medida, se consumen menos fármacos para problemas de dolor crónico, depresión, náuseas, psicosis y convulsiones, algo que supone que se reduzca la inversión en Medicaid, el sistema estatal que se encarga de ayudar con los gastos médicos a los ciudadanos de recursos e ingresos limitados.

En 2013, Uruguay se convertía en pionero al legalizar el consumo de cannabis para uso recreativo. Aunque todo iba más allá. Desde entonces, es el propio Estado el que se encarga de producir la droga y abastecer a los ciudadanos de ella. "La ley intenta una regulación, no es que sea un viva la pepa", sentenció el presidente José Mujica en el momento, muy criticado por la Organización de Naciones Unidas. En la actualidad, el último paso en la herencia del gobernante ha sido que las farmacias del país cuenten con bolsas de 40 gramos de la marihuana del Estado que venden a un precio único de 1.12 euros.

Regulaciones en el mundo

Infogram

Porque la cuestión, como bien dijo Mujica, está en la regulación. "Desde principios de los 90 el consumo de drogas ha ido en aumento. Pese a esto, la Policía no ha recibido más dinero para atajar el problema de la venta y tráfico de estupefacientes", afirma Misha Glenny, periodista británico experto en crimen organizado. "La guerra contra las drogas funcionaría si las fuerzas de seguridad tuvieran la capacidad de estrangular la producción y evitar que el consumidor la obtenga. Pero en los últimos 20 años, la producción se ha vuelto loca y la compra es ahora más fácil para los adolescentes que si quisieran obtener alcohol o cigarrillos", añade.

Salud pública

Una regulación del mundillo podría ser un paso hacia adelante para acabar con ciertos problemas que en lugares concretos del mundo han diezmado a la población a través de cárteles u organizaciones criminales. En España, según datos del Observatorio Español sobre drogas, cuatro millones de personas -un 10% de los habitantes entre 15 y 64 años- declaran que año tras año consumen cannabis -un 7,6% fuma cada mes, según datos del Ministerio de Sanidad-, algo que aumenta la presión a un Gobierno que tarde o temprano tendrá que meterse de lleno en la materia. En comunidades autónomas como País Vasco, los jóvenes entre 14 y 18 años que fuman marihuana son un total del 20% de la población. Un dato bastante alto frente al 6% si ampliamos la edad hasta los 64 años.

Más allá de los datos, en España no se puede cultivar, pero el consumo no está penado, lo que lleva a los usuarios una situación de ilegalidad para abastecerse. Lo mismo sucede con la situación en la que se encuentran los clubs de cannabis. Además, el Tribunal Supremo emitió un fallo en el que advierte y condena que la actividad en estos lugares es ilítica.

Según Regulación Responsable, organización que trata de regular el consumo de marihuana, la legalización del cannabis dejaría más de 1.000 millones de euros entre impuestos y facturación de las compañías relacionadas con el sector. Algo parecido opinan desde la AMEC (Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis), que situaba, con datos sobre el ejercicio de 2003, en 2.500 millones de euros los beneficios económicos para el Estado si despenalizara todas las drogas, dividido en 1.500 en impuestos y otros 1.000 millones en ahorro de gastos, incluyendo lucha policial, juicios y gastos de los presos en la cárcel

"La guerra contra las drogas facilita miles de millones a sindicatos criminales y organizaciones terroristas cada año", sentencia Glenny, para añadir que "quienes favorecen la prohibición argumentan que la legalización conducirá a un aumento en el consumo, pero el consumo de drogas ya es endémico, desde las favelas de Río hasta los restaurantes y clubes de Kensington y Chelsea. La barrera que contenía los niveles de consumo se rompió hace 20 años, y nadie tiene el dinero ni los materiales para hacer nada al respecto". Una realidad tajante con la que el periodista también quiere hacer ver que "las drogas son un enorme problema de salud pública, pero al no estar reguladas y pertenecer al mercado, los niveles de violencia amenazan la seguridad de todos".