"Estamos a la cola de Europa en el número de jueces y a la cabeza en el de corruptos"

No parece que la justicia española goce de muy buena salud...[Ignacio Escolar]

: La justicia en España funciona relativamente bien. Pero el problema real no está en los procesos penales o civiles que puedan tener los ciudadanos sino solo en esa minoría de casos que afectan a los partidos políticos y a sus dirigentes. En la elección de los jueces en España no se valora ni el mérito ni la capacidad, sino que los partidos, a través del Poder Judicial, pueden nombrar casi a dedo a los jueces que les son más afines.

¿Se debe esta creciente intromisión política a los tiempos convulsos que vivimos?[Joaquim Bosch]

: En el libro se utiliza el término justicia en un doble sentido. Por un lado, como sistema de tribunales, en el que, efectivamente, hay intentos de instrumentalización partidista por parte del poder político. Y el otro se refiere al concepto de justicia como valor e idea que marca toda una serie de retrocesos en materia de derechos: derechos sociales, libertades, protección de los consumidores ante las entidades bancarias o la situación de diversos colectivos como las víctimas del franquismo o los refugiados. Hay una quiebra de los valores de la justicia y la situación ante la corrupción es uno de los temas centrales del libro. Y ambos están conectados. Porque, precisamente, cuando hay una quiebra de los valores de la justicia es cuando hay más intentos de controlar la justicia como sistema de tribunales. El Consejo de Europa está constantemente recordándonos que nuestro sistema de justicia no se adapta a los estándares europeos en materia de independencia judicial por el enorme dirigismo de los partidos políticos.

¿Debería desaparecer el Consejo General del Poder Judicial?[J. Bosch]

: Más que desaparecer, de lo que se trata es de que cumpla su función constitucional, que es ser el máximo garante de la independencia judicial. Pero desde el momento que es un órgano vinculado al poder político no puede cumplirlo. Somos el único país europeo que tiene un sistema en el que el gobierno judicial está repartido por cuotas entre los partidos políticos.

[I. Escolar]: Las sucesivas reformas, desde las primeras del PSOE de Felipe González hasta las posteriores del PP, todas han ido encaminadas a dar mayor control a los partidos frente a los jueces. Hasta el punto de que desde la última reforma las asociaciones judiciales ya no pintan nada. En un primer momento, estas asociaciones votaban. Después se decidió que no votaban pero proponían a quién votaban los parlamentos. Y con la última reforma de Gallardón los parlamentos eran los que nombraban directamente. Otra reforma más añadió que para nombrar a un juez del Supremo bastaba con una mayoría simple en el Congreso. Con lo cual se pueden nombrar a los jueces del Supremo con la mayoría parlamentaria del partido que toque. Así que se supone que en los últimos años, en los que el PP ha tenido mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, ha podido nombrar a prácticamente todos los nuevos jueces que han llegado al Supremo. Y de esa forma, por citar un ejemplo concreto, Pablo Casado se va a encontrar en el caso de su máster con cuatro jueces de los que tres han sido promocionados por el partido que preside. Ahí está el problema de la independencia de la justicia.

¿Está actuando la justicia correctamente respecto al conflicto catalán?[I. Escolar]

: La manera en la que se está llevando a cabo el proceso penal contra el independentismo es irregular por muchos motivos. El primero es la competencia. Cuando un político autonómico comete un presunto delito, lo que hasta ahora decía la ley es que eso lo juzgaba el Tribunal Superior de Justicia de la autonomía. En mi opinión, más tarde o más temprano la justicia europea así lo indicará, no estamos ante un delito de rebelión. Creo que los independentistas catalanes cometieron sin duda varios delitos, como desobediencia grave a la autoridad, algo que ni ellos mismos niegan, un delito probable de malversación de fondos públicos y otro bastante probable de prevaricación. Pero en el Código Penal español, rebelión se refiere a un alzamiento militar. Y, afortunadamente para todos, en Cataluña no sucedió. Creo que intentar endurecer los tipos penales para imputar un delito que no existe es hacer un flaco favor a la unidad de España y la democracia.

¿Porqué la justicia se muestra tan ágil con los delitos menores y tan lenta con la gran delincuencia?[J. Bosch]

: Esto es un problema de cómo están diseñadas las leyes. Al final, las leyes las diseñan los políticos en el Parlamento. Es evidente que sí que ha habido una gran voluntad de persecución de los delitos pequeños. Por ejemplo, en la legislación procesal existe un tipo de procedimiento que se denominan los juicios rápidos, que hacen que el juzgado tenga que paralizar toda la actividad para resolver el juicio de casos de determinados delitos pequeños. Pero no existe nada parecido contra la alta delincuencia económica ni la corrupción. Sí que hay una fuerte voluntad de acabar con la corrupción en el ámbito judicial, y por eso hay cerca de 2.000 imputados, pero lo que no tenemos son medios. Y este contraste es el que percibe la gente. Estamos a la cola de Europa en el número de jueces y a la cabeza en el de corruptos. España no ha mostrado una clara voluntad política de acabar con la corrupción.

¿Es más honorable una dimisión a tiempo que esperar a una sentencia?[I. E.]:

Creo que la dimisión siempre es la salida más honorable. Y creo que hay algo que ha hecho bien Carmen Montón, que es hacerlo rápido, y algo que ha hecho mal, que es no reconocer ninguna irregularidad.

[J. B.]: Como regla general, creo que es importante que los políticos asuman responsabilidades. Me parece lamentable que en nuestro país no se dimita por razones de responsabilidad política. Si una sentencia inhabilita al político, no dimite, es el tribunal el que le echa. Y hay situaciones en las que no puede incurrir ningún delito, pero sí hay responsabilidad política. Un político no puede mentir a la sociedad ni guardar silencio cuando le piden explicaciones en cuestiones relevantes.

¿Sacar a Franco del Valle de los Caídos es un acto de justicia?[I. Escolar]

: Es algo que había que hacer desde hace mucho tiempo. Independientemente del interés político, hay una decisión de justicia: Franco no debía estar ahí. Porque es una humillación fácil de entender para cualquiera de sus víctimas que están enterradas contra su voluntad en ese mismo mausoleo en honor a Franco.

[J. Bosch]: Es un acto de justicia para con las víctimas de la dictadura. Y es un acto de justicia con los valores democráticos. Es inconcebible que una sociedad democrática esté pagando el mantenimiento del mausoleo faraónico de un dictador en un espacio público.