Todos los días, al menos una mujer se ve obligada a dejar su puesto de trabajo de manera parcial o total en España a causa de la violencia de género, según datos del Servicio Estatal Público del Empleo (SEPE), que ha recabado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Según explica el pasado martes el CSIF en una nota de prensa, durante 2017 y hasta septiembre de 2018 se han efectuado 384 contratos de sustitución a mujeres maltratadas, bastante más del doble que los 143 que se realizaron en 2014. Y solo hasta de septiembre de este año (últimos datos disponibles), se han producido 232 contratos de este tipo.

Los datos corresponden a los contratos de interinidad que llevan a cabo las empresas para sustituir a una trabajadora víctima de violencia de género.

Y detrás de cada sustitución, remarca CSIF, hay una una mujer que se ha visto obligada a dejar su empleo por las consecuencias (físicas, psiquiátricas) de haber sufrido maltrato por su pareja, o porque su vida corre peligro.

El sindicato, que asevera que estas cifras son solo la "punta del iceberg" de la realidad de la violencia de género en España, pretende con este estudio trasladar al debate público el "papel preventivo que puede jugar el ámbito laboral en la lucha contra este problema".

Además, quiere hacer visible otra faceta más de esta realidad: el abandono del puesto de trabajo, con las consecuencias personales, sociales y económicas que ello conlleva.

En este sentido, CSIF lleva a cabo, en colaboración con la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (Aivig), ALMA, Amara y la Confederación Española de Policía (CEP) un programa para detectar y atender de manera precoz a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral bajo el lema "Nos preocupa tu vida".

Se trata de una medida pionera en España en el ámbito laboral, por lo que los delegados y las delegadas sindicales especializados en la materia actúan como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas, subraya el comunicado, en el que CSIF insta al Gobierno a desarrollar la figura del delegado sindical especializado en Igualdad y Violencia de Género.