A Raquel (nombre ficticio para preservar su anonimato) la mandaron a casa el primer día de confinamiento decretado por el Gobierno, como a miles de trabajadores en toda España. La diferencia con el resto de ocupados de los diferentes sectores paralizados por la actual crisis del coronavirus es que esta mujer de 49 años no tiene derecho a cobrar ningún tipo de prestación mientras dure la parada. Raquel es una de las más de medio millón de empleadas del hogar que trabajan en toda España y que aguardan, expectantes y sin derecho a subsidio, las medidas extraordinarias para este colectivo que el Gobierno ultima.

Raquel pasa junto a su esposo y el resto de personas con las que comparte piso el confinamiento levantado hace dos semanas. En las tres casas donde trabajaba hasta entonces le dijeron que no fuera, que ya la volverían a llamar cuando pasara la emergencia. Esos 600 euros al mes que ingresaba quedaron varados y estos días queda a la espera de que a su marido, trabajador de la construcción afectado por un erte, le tramiten la prestación por desempleo. "Ya llega fin de mes, hay que pagar el alquiler y no sé qué va a pasar", explica.

"A mí me mandaron a casa, pero yo no tengo paro", cuenta. Esta es una de las principales particularidades del Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar, pues a pesar de cotizar a la Seguridad Social, este colectivo no tiene acceso a prestación por desempleo. Algo que esta mujer, nacida en Bolivia y afincada desde hace 14 años en Barcelona, ve un sinsentido. "Somos trabajadoras con obligaciones, pero sin derechos", afirma. Para este colectivo, el Gobierno ultima un subsidio extraordinario del que todavía no han trascendido los detalles. Una de las fórmulas que está encima de la mesa es la que prepara el Ministerio de Trabajo, que consiste en un pago único equivalente al 70% de la base reguladora y que podría prorrogarse en caso de alargarse la actual situación de emergencia.

Más de 200.000 trabajadoras 'en negro'

A Teresa sus empleadores la mandaron a casa el pasado lunes. Los primeros días de confinamiento iba a trabajar, con la inquietud de que un policía la parara y le preguntara a dónde iba. Pues esta hondureña de 38 años no tiene por el momento permiso de trabajo y ejerce 'en negro' como trabajadora del hogar. Hasta esta semana cuidaba a dos personas de avanzada edad, pero, tras manifestar varios síntomas asociados con el covid-19, el hijo de la pareja le dijo que no volviera hasta que estos remitieran. "Este mes tendré que arreglarme como pueda y a mis hijos, que dios los provea", cuenta angustiada. Pues cada mes les manda dinero a Honduras y este le va a quedar lo justo para pagar sus facturas.

Teresa no tendría acceso a cobrar la prestación extraordinaria que ultima el Gobierno, en las condiciones que la prepara Trabajo; pues no está dada de alta en la Seguridad Social. Un caso frecuente entre el colectivo, pues si bien oficialmente hay 319.000 trabajadoras del hogar dadas de alta; la cifra de empleadores domésticos recogida por el INE es de 580.500 personas. Teresa debería acogerse, en caso de cumplir con los requisitos, al ingreso mínimo vital anunciado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá. Cuyos detalles tampoco han trascendido.

Confinadas con sus empleadores

No todas las trabajadoras del hogar han sido mandadas a casa tras el confinamiento. Las hay, tal como explican desde la asociación Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET), que se han recluido con sus empleadores. Es el caso de muchas internas; trabajadoras que cuidan a tiempo completo habitualmente a personas mayores. Trabajar sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, principalmente por la ausencia de permiso de trabajo, es una de las particularidades de este colectivo, según explican desde MUET. "La mayoría tiene que pagarse de su bolsillo la mascarilla y los guantes. Y hay algunas a las que les descuentan la comida, la cama y los suministros del sueldo", afirman esas mismas fuentes.

El hecho de que muchos empleadores hayan prescindido de los servicios de las trabajadoras que habitualmente los prestaban ha aumentado la tensión en muchos hogares. Pues las internas que han mantenido sus trabajos carecen de oportunidades para buscar otro domicilio. "Hay mucho más miedo al despido y aguantan cosas que no se deberían aguantar", cuentan desde MUET.