La ley que despenaliza y regula la eutanasia en España, después de varios intentos fallidos, ha dado este jueves un paso adelante fundamental, al ser aprobada en la comisión de justicia del Congreso, con el único rechazo del PP y Vox. Tras una tramitación exprés, la norma está lista para ser debatida previsiblemente el próximo jueves en el Pleno, con la vista en que vea la luz, tras su paso por el Senado, en febrero o marzo del año próximo. España pasaría así a convertirse en uno de los pocos países que permiten la ayuda a morir, que se concibe como un derecho y será practicada en el sistema sanitario o en el domicilio del paciente, si así lo solicita este.
Se trata de la tercera vez que el Congreso estudia la proposición de ley que regula la eutanasia presentada por el PSOE, dado que los dos intentos anteriores decayeron, el primero porque PP y Ciudadanos obstaculizaron su avance, y el segundo debido a que PSOE y Podemos no llegaron, en un primer momento, a un acuerdo para formar Gobierno. Pero ahora la norma se abre paso y con un gran consenso, dado que solo PP y Vox se han opuesto a su aprobación, con duros descalificativos hacia la norma y hacia el Gobierno.
El resto de los grupos han apoyado que, atendiendo a la demanda social expresada en las encuestas, se regule la eutanasia en España y aunque solo se han celebrado dos reuniones de la ponencia destinada a estudiar las enmiendas, se han llegado a "muchísimas transaccionales fruto de la coincidencia de los grupos parlamentarios sobre la necesidad del proyecto", que han "mejorado" la ley, según ha explicado la portavoz socialista en la materia, la exministra María Luisa Carcedo.
El procedimiento
Con ello, se consensuado un proyecto ley "absolutamente garantista" -de nuevo en palabras de Carcedo- que permite que la eutanasia se practique a petición del paciente y tras ser revisada por dos equipos médicos y una comisión de garantías. Las enmiendas introducidas permiten que el suicidio asistido se realice también en los domicilios, si bien en la exposición de motivos se incide en que es un proceso sanitario y no un acto que cada uno pueda realizar arbitrariamente. Lo que no ha salido adelante era la pretensión de PSOE y Podemos de que la ley tenga carácter retroactivo, ha decaído en aras del consenso.
Los partidarios de la regulación han subrayado que esta "no obliga a nadie ni recorta ningún derecho, sino que ensancha libertades", según ha manifestado el diputado de Junts Sergi Miquel. Mientras que la parlamentaria de Ciudadanos Sara Giménez ha destacado que los grupos hayan sabido "abordar un tema complejo" y "avanzar en derechos", con una ley con unas "garantías que son sus puntos fuertes". También han sido varios portavoces los que han reconocido la lucha, durante años, de los colectivos a favor de la eutanasia, así como de afectados o activistas como Ramón Sampedro o Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco.
Las voces contrarias
Por el contrario, el PP ha considerado que la norma es "injusta, inoportuna e inconstitucional", no responde a una "demanda social" sino a un "giro copernicano del PSOE", que hace unos años se oponía a regular el suicidio asistido. Además el popular José Ignacio Echaniz ha acusado al Gobierno de "hurtar el debate social" al impedir en el Congreso la comparecencia de expertos o evitar, al presentar la ley a través del PSOE, los informes de los órganos consultivos. Asimismo ha recordado que el comité de bioética, asesor del Ejecutivo, se ha mostrado en contra.
Mucho más dura ha sido la portavoz de Vox, Lourdes Méndez, quien ha avanzado que su partido recurrirá la ley ante el Constitucional, al considerar que promueve el "asesinato" de las personas que el Estado "no considera útiles".
