27 de diciembre de 2020
27.12.2020
La Opinión de Málaga
Pobreza

Regreso de las colas del hambre

Casi diez millones de españoles eran pobres antes de una pandemia que convertirá en vulnerables a un millón de personas más. Las colas para recoger alimentos, erradicadas hace años por las entidades sociales, son más largas que nunca

27.12.2020 | 09:45
Colas junto al estadio de Mestalla, en el reparto de productos del Banco de Alimentos de València.

Hace dos décadas, en años de bonanza y crecimiento económico quienes hacían cola para recibir alimentos eran personas sin hogar, sin recursos y en muchos de los casos, con adicciones. En esas colas también había migrantes recién llegados en busca de un futuro mejor. Los perfiles de aquella pobreza que parecía irreal para la clase media o acomodada los formaban pues quienes lo habían perdido todo o quienes habían llegado sin nada. Pobres en toda regla.

Hoy, las colas del hambre han regresado y ya no cuentan con desarrapados en sus filas. Ahora, a esos mismos perfiles (personas sin hogar y migrantes recién llegados) se suman parados de larga duración y trabajadores precarios que tienen que decidir si, con su escaso sueldo, pagan el alquiler o llenan la nevera. Y en pandemia o sin ella, perder el techo implica salir de un circuito al que es imposible regresar. Si se pierde una vivienda por no pagar el alquiler o la hipoteca ¿cómo cumplir los requisitos a los que obliga el mercado libre para acceder a un techo? Contrato fijo, meses por adelantado, un aval... Mejor asegurar el techo. Así que no queda otra que guardar turno, respirar hondo y hacer malabares con los paquetes, latas o litros que toquen, en función del número de personas que conformen la unidad familiar.

En esas colas del hambre (en las de antes y en las de ahora), en esas filas de personas que simulan hormigas pacientes que esperan su turno, todos agachan la cabeza, nadie levanta la mirada. La imagen se repite en todas las ciudades, en todos los municipios de España. Antes y ahora. A nadie le gusta pedir comida y menos, que le vean. A nadie le gusta mostrar sus miserias. La banda sonora en estas filas es el silencio.

Por eso, las entidades sociales que trabajan con los más vulnerables empezaron a erradicar las "colas del hambre" hace más de una década con dos objetivos: eliminar la "vergüenza" de visibilizar la miseria, dignificar la pobreza y dar autonomía para consumir los alimentos que uno prefiera y no "los que te toque". Y lo consiguieron mediante fórmulas como vales de compra en un supermercado, economatos, comedores sociales y entrega de platos cocinados como si de una casa de comidas para llevar se tratara.

Así, durante unos años, la pobreza no tubo que esperar su turno para poder alimentarse. "Se trataba de dignificar el reparto de alimentos y eliminar las 'colas del hambre' porque mucha gente quería evitar que le vieran en la fila. Además, el cambio de modelo supuso un avance para la autonomía de las familias porque al final, si había arroz para repartir pues había que comer arroz toda la semana. Se eliminaba el poder de decisión y al final se trata de dignificar una pobreza que nadie merece. Sin embargo, y desde siempre, a la gente le cuesta menos dar un kilo de arroz que el dinero que cuesta ese mismo kilo de arroz. Esa mentalidad persiste y debe cambiar", aseguran desde entidades como Cruz Roja o Cáritas, pioneras en la erradicación de las colas del hambre.

El triple de atenciones

Sin embargo, la pandemia de la covid-19 ha echado al traste todo este trabajo. Las colas del hambre han regresado y son más largas que nunca. Los bancos de alimentos de toda España han triplicado sus atenciones y las entidades sociales, las grandes y las pequeñas, no dan abasto para atender a las miles de familias que han llamado a la puerta durante el estado de alarma o lo van a hacer en cuanto se esfumen sus ahorros porque no hay alternativa. Casi 10 millones de personas (9,7) eran pobres o estaban en riesgo de exclusión en España antes de la emergencia sanitaria, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), una organización que engloba a más de 8.000 ONG en todo el territorio nacional.

Las entidades sociales afirman, negro sobre blanco, que la pobreza aumentará por primera vez en 20 años. Y dan cifras. Así, Oxfam Intermón asegura que, si no se ejecutan políticas sociales, la pandemia traerá 1,1 millones más de personas empobrecidas a España y la cifra de personas vulnerables alcanzará los 10,9 millones. Es decir, pasar del 20,7% de la población en situación de pobreza antes de la covid-19 al 23,07% tras los efectos del coronavirus.

Save the Children pone el foco en los menores y asegura que si ahora hay más de 2,1 millones de niños y niñas que sufren pobreza en España, la pandemia empeorará estas cifras y alcanzará a uno de cada tres niños (el 33%). Antes de la pandemia, el 27,1% de los niños españoles menores de 16 años era pobre, la mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Y la pobreza se hereda. Y la desigualdad crece. Pero las cifras no tienen rostro. Y tras cada número hay una persona, una familia, un niño que hoy guardan cola para recoger los alimentos.

El estado de alarma supuso un varapalo para muchas empresas y trabajadores. Y sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos llega la nada. Pero no todo el que trabaja en este país tiene un contrato de por medio. De hecho, tenerlo tampoco implica, y no a causa de la pandemia, estar exento de acudir a por alimentos tras pagar las facturas de vivienda y suministros básicos. La crisis económica de 2008 trajo como consecuencia una nueva clase social, la del "trabajador pobre". El número de trabajadores pobres superaba los dos millones y medio de personas en 2019, con contrato o sin él.

De hecho, hace tres años (2017), el Observatorio sobre Pobreza y Exclusión aseguraba que seis de cada diez parados eran pobres. Además, alertaban de la figura del "trabajador precario" con cuatro de cada diez trabajadores con contrato temporal en condiciones de pobreza. Ese mismo año, nueve de cada diez contratos eran a tiempo parcial y cerca del 36,8% de los sueldos no llegaban al salario mínimo interprofesional (SMI).

Llegó la pandemia y el confinamiento. Y así, quien se "buscaba la vida" sin la necesidad de acudir a por su lote de comida se ve hoy obligado a hacerlo. Así, quienes obtenían ingresos por un trabajo "informal" -empleadas del hogar sin contrato de por medio, mujeres que cuidan de los más mayores (o pequeños) de la casa, personas que rebuscan en la chatarra o que trabajan por horas pero sin seguridad social ya sea en la obra, en el sector servicios o en el campo, migrantes en situación irregular, personas sin hogar, riders o vendedores ambulantes- están hoy en exclusión social tras meses sin ingresos y sin pagar el alquiler o los suministros, ya que para ellos no ha habido ERTE, ni indemnización, ni ayuda posible, sobre todo si se tiene en cuenta que la gestión se centra en quien ya está en el sistema. Y ellos estaban fuera (trabajos sin contrato, habitaciones de alquiler que no permiten el empadronamiento, personas sin número de cuenta bancaria...) y cada vez se alejan más ante una pobreza que se cronifica y se hereda. De una pobreza de la que es imposible salir. No hay "cultura del esfuerzo" posible para ellos, para ellas.

La medida estrella

Las autonomías han diseñado "planes de choque" para minimizar el impacto de la covid-19 en las familias más vulnerables. El Gobierno central aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) -por decreto de urgencia- como la principal herramienta contra la pobreza. Es la medida estrella, pero no llega a las familias. Cuando se puso en marcha, se calculaba que llegaría a 850.000 hogares. La realidad es que la han solicitado 1,1 millones de personas, pero solo la reciben el 14% de las familias que la necesitan. Las prisas con las que se puso en marcha la ayuda provocaron que, al entrar en vigor, muchos requisitos resultaran confusos y no hubiese personal ni infraestructura suficientes para hacer frente a la avalancha. Los plazos de resolución, previstos para tres meses, se tuvieron que ampliar a seis.

Los primeros que cobraron la ayuda lo hicieron "de oficio" -75.000 familias- sin tramitar nada porque el Gobierno los "tenía controlados". Eran aquellas personas que ya cobraban una prestación por hijo a cargo, una ayuda prevista para la infancia, la única prestación directa para niños y niñas que crecen en el seno de familias vulnerables. El Gobierno había incrementado las cuantías que ahora desaparecen (a partir del 1 de enero) por el IMV, aunque las cuantías resultan "de menor importe" para quienes cobraban la ayuda autonómica (prestaciones de renta mínima) de su comunidad y la prestación por hijo a cargo estatal. Ahora, solo 160.00 hogares están recibiendo una ayuda que han solicitado más de un millón de personas.

Las ayudas se tramitan con retraso pero las facturas llegan puntuales. Los desahucios continúan a pesar del compromiso de un decreto que prohiba los desalojos hasta que finalice la pandemia. Los alquileres alcanzan precios que las familias no pueden pagar. Cada día se desahucia en España a 160 familias. Cada día hay miles de familias haciendo cola para recibir alimentos y destinar sus escasos ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca y mantener los suministros básicos. Malabares de la exclusión social o la vida del pobre que no lo parece.

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