Kiosco

La Opinión de Málaga

La Comunidad Valenciana marca la senda del abolicionismo: cerco a burdeles y multas para los consumidores

La Generalitat valenciana cambiará la ley para considerar a todas las mujeres prostituidas víctimas de la violencia machista. La consellera Gabriela Bravo reclama al Gobierno central la aprobación de una legislación integral para acabar con la prostitución

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.

Cerco a los burdeles que se camuflan como locales de ocio y hostelería, sanciones a los propietarios y a quienes demanden servicios sexuales pagados y, además, reconociendo a las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género. Esos son los principales ejes sobre los que pivotan una serie de cambios normativos que impulsará la Generalitat Valenciana en su estrategia abolicionista, que ya está en marcha y que abre el proceso en la España de las autonomías. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, valoró que este miércoles se ha dado un paso significativo, con la firma de la resolución que da inicio a la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat. El objetivo pasa por introducir cambios que permitan multar e, incluso, clausurar, establecimientos que, "camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución". Pero hace falta una visión de carácter estatal para hacer frente a esta realidad y, por ello, Bravo ha reclamado la aprobación de una ley integral abolicionista, siguiendo los pasos de Suecia o Francia. "No podemos esperar un minuto más", ha enfatizado la exportavoz del Consejo General del Poder Judicial.

La Generalitat ha iniciado su hoja de ruta para abolir el comercio sexual a partir de las propuestas elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que, durante el último año, ha reunido a más de 30 personas expertas de todos los ámbitos. Las conclusiones se recogen en un decálogo que propone medidas de carácter local, autonómico y otras de competencia estatal. No solo para atajar el fenómeno de la prostitución, sino que también recoge iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización, tanto para los profesionales que están en contacto con estas mujeres como para la ciudadanía en general.

Para la consellera, este foro "nos ha permitido confeccionar un diagnóstico preciso sobre la prostitución en la Comunidad Valenciana y ha aportado propuestas para definir diez acciones de una estrategia abolicionista para luchar contra esta forma de violencia de género".

La izquierda valenciana, es decir, los grupos que sustentan al Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) aprobaron a finales de 2021 una proposición no de ley en la que reconoció la prostitución como una forma extrema de violencia de género, instando al Gobierno autonómico a introducir cambios normativos en el ámbito de sus competencias. Este asunto ha ido ganando peso en la agenda valenciana e incluso el PSOE de Pedro Sánchez, en su último congreso federal, celebrado en València, acordó, a instancias del socialismo valenciano, declararse abolicionista.

Bravo detalló algunas de las medidas que entrarán en vigor como las multas y el cierre de locales que promuevan la prostitución, y aclaró que esas clausuras se producirán, incluso, en el caso de que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura. También se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y se establece como sanción administrativa la demanda de sexo pagado tanto en locales y establecimientos públicos como en las carreteras que son competencia de la Generalitat.

Otra propuesta destacada del decálogo es la modificación de la ley autonómica contra la violencia sobre la mujer para que reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género, "lo que garantizará el acceso de estas mujeres a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista", según la consellera.

Aplicación municipal

Además, la titular de Justicia del Consell anunció que su departamento elaborará un Modelo Único de Ordenanza Abolicionista que se ofrecerá a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como un problema de orden público, "sancionando al putero y protegiendo a la víctima", como ha hecho el Ayuntamiento de Albal (Valencia), primero en la Comunidad

Por otra parte, en el decálogo se propone aumentar el parque público de viviendas "y que se considere a las mujeres prostituidas como un colectivo prioritario" para acceder a estos recursos habitacionales.

También se aboga por el refuerzo de los recursos formativos para ofrecer salidas sociolaborales a estas mujeres mediante itinerarios específicos por su condición de víctimas de prostitución y, por último, potenciar el programa ALBA de la Generalitat para la salida de la explotación sexual y extender su acción para que sea accesible a cualquier víctima de la prostitución en la Comunidad Valenciana.

Necesidad de una ley integral

Bravo aseguró que es consciente de que dado la complejidad del problema no se puede solucionarlo en solitario. De ahí que el decálogo incluye instar al Gobierno y a las Cortes Generales a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución "ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género".

Para la consellera, con su aprobación, "daremos cumplimiento a lo que establece el Convenio de Estambul que fue ratificado por España y que reconoce a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género".

Por ese motivo, la ley debe actuar en tres direccione", según la consellera. En primer lugar, "la persecución del proxenetismo en todas sus formas", lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima).

En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo "porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar".

Por último, "la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica", lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.

Para la consellera, la aprobación de esta ley integral, además, debe incorporar modificaciones normativas como la reforma de la ley de Extranjería para incluir una vía extraordinaria de regularización de las mujeres víctimas de prostitución; la eliminación del requisito de colaboración de la víctima en la investigación para acceder al retorno asistido o a la regularización; la creación de itinerarios de regularización de extranjeras para la obtención de permisos de residencia y trabajo y la eliminación de la sanción administrativa que se recoge en la Ley de Seguridad Ciudadana para las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución.

"Estamos ya en el camino para que la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para abolir la prostitución en España. Un proceso en el que aportamos medidas concretas, reformas legales y propuestas viables para acabar con este tipo de terrorismo machista", dijo Gabriela Bravo.

Compartir el artículo

stats