Informe

Human Rights Watch califica de "fracaso" la lucha de España contra la pobreza

La organización no gubernamental suspende al Gobierno, a la Generalitat y la Comunidad de Madrid para frenar el ascenso de la pobreza tras las restricciones del covid | Un centro de distribución de alimentos en Barcelona aumentó la demanda en un 66% en 2020 y un 32% en 2021, comparado con los datos prepandémicos

Personas esperan grandes colas para recoger alimentos gratis.

Personas esperan grandes colas para recoger alimentos gratis. / DAVID CASTRO

Elisenda Colell

Su misión era llevar una roca a lo alto de una colina, pero justo antes de llegar hasta la cima, el pedrusco caía pendiente abajo y debía empezar de nuevo. Y así eternamente. El mito griego de Sísifo muestra a la perfección la lucha de España para garantizar los derechos humanos más básicos, especialmente los que atienden a la vivienda y la alimentación de sus ciudadanos. O al menos, es la calificación que le otorga la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en un informe que se presenta ante los medios este jueves. Lo resume con un constante quiero y no puedo. "El Gobierno ha aprobado medidas para mitigar la creciente pobreza, pero han sido defectuosas, no frenan el impacto de la pandemia. La gente pasa hambre en España", asevera Kartik Raj, autor del informe.

"No podemos vivir así: El fracaso de España para proteger derechos en medio del aumento de la pobreza por la pandemia". Este es el título del informe que analiza las "insuficientes" medidas tomadas en España tras la debacle social del coronavirus. Es el primero que la organización internacional ha hecho sobre este tema en Europa, aunque en los próximos meses llegarán también informes de Alemania e Italia. "Nos fijamos en España porque, según los datos del Banco Mundial, es uno de los países que más sufrieron la pandemia en términos de pobreza, además de contar con un sistema de prestaciones sociales bastante débil", apunta Raj, investigador especializado en pobreza y desigualdad en el oeste de Europa. "Hemos visto que el Gobierno intentó reforzar el sistema social pero no fue suficiente: el IMV [ingreso mínimo vital] y los erte no llegan a todas las personas que necesitan ayuda", critica.

España incumple el derecho a la alimentación

Para realizar este estudio, los especialistas de Human Rights Watch acudieron a organizaciones sociales donde se agolpan centenares de personas pidiendo comida. Entrevistaron a 52 familias que necesitaban alimentos de las entidades asociales en junio y octubre de 2021 y en enero de 2022. También hablaron con una veintena de voluntarios y trabajadores de asociaciones sociales. Estuvieron en las colas del hambre de los barrios del Raval, Sant Antoni, Verdum y Porta, en Barcelona, y en los distritos madrileños de Puente de Vallecas y Lavapiés. De todo este trabajo se concluyen frases contundentes. "El Gobierno español está incumpliendo su obligación de proteger y cumplir el derecho a las personas a la alimentación y a un nivel de vida digno", señala el documento.

"Nuestra hija come pero nosotros comemos si podemos. Si no, dormimos. Nos sentimos rechazados. Pasamos hambre". Esta es una de las frases que destaca la organización en su informe. La pronuncia Karina, una mujer de 38 años, que cada semana recibía ayuda de Cáritas en la parroquia madrileña de San Ramón Nonato. La madre y el padre de su hija de 8 años perdieron el empleo y sobrevivían con una pensión de 400 euros al mes. Y es que la organización señala las familias con hijos, las madres solteras, las personas mayores, los jóvenes y las personas migrantes como los cinco colectivos que más sufren los estragos de la pobreza. "Estamos hablando de una exclusión que no se puede explicar, muchas de estas personas se les deniegan las prestaciones sociales... Es un oxímoron, no tiene ningún sentido", señala el investigador.

El drama de los jóvenes

Destaca, por ejemplo, el caso de las personas migrantes sin permiso de residencia en España, para quienes la organización pide el acceso al sistema de prestaciones sociales, especialmente en un momento de crisis excepcional. También señala el caso de los jubilados que cobran la pensión mínima y no llegan a final de mes. O de los jóvenes: las personas de entre 18 y 23 años que no pueden acceder al ingreso mínimo vital si no tienen personas dependientes a su cargo. "¿Cómo es posible en el país que tiene la mayor taxa de paro juvenil?", insiste Raj.

El informe destaca cómo en Catalunya se superaron, por primera vez, las 400.000 personas que necesitaban ayuda alimentaria en 2020. Una cifra que siguió al alza en 2021. Lo muestra el caso del centro de Distribución Solidario de Alimentos en Nou Barris, gestionado por Cáritas, donde la demanda creció un 66% en 2020 y un 32% en 2021, comparado con los datos prepandémicos. La entidad lamenta que la caridad y la beneficencia están supliendo los fallos de la administración. "Los gobiernos deben garantizar un nivel de vida digno a las personas".

Silencio por parte de Ayuso

Una de los deberes que plantea la organización internacional es para las comunidades autónomas. Piden rentas sociales suficientes y que sean compatibles con el ingreso mínimo vital. "La diferencia entre Catalunya y Madrid es muy clara: el Gobierno de Ayuso tan siquiera nos quiso atender para hablar sobre el tema, siguen sin ver este problema, esta realidad. En Catalunya son conscientes pero tampoco lo han remediado", cuenta el investigador. Pero el gran paquete de deberes se lo lleva el Ejecutivo de Pedro Sánchez. HRW implora una reforma eficaz del ingreso mínimo vital (ahora solo llega al 10% de hogares necesitados), desburocratizar la Seguridad Social y un cambio en la Constitución. "No puede ser que los derechos sociales recogidos en la Constitución -por ejemplo el de la vivienda- no tengan el mismo rango que el resto de derechos", dice. Y también reclama al nuevo relator de la ONU contra la pobreza que siga de cerca el caso de España.

De hecho, hace apenas tres años de la visita de las Naciones Unidas. Antes de la pandemia, ya constató las insuficientes medidas tomadas contra la desigualdad, y llegó a comparar algunas barriadas de España con auténticos campos de refugiados. El segundo diagnóstico internacional sigue la misma dirección. "Ante la subida de precios sigue habiendo centenares de familias esperando apoyos y prestaciones sociales, y no vemos acciones valientes para cambiar y reforzar las prestaciones sociales. Si el Gobierno no aprende de las lecciones de la crisis de la pandemia va a sufrir mucha gente", pronostica el investigador, al que le preocupa el ascenso de la extrema derecha y los discursos populistas.