Igualdad

Una reforma de la Seguridad Social para acabar con las rémoras de la desigualdad franquista

Este miércoles se aprueba la ley que permitirá que el servicio social femenino se tenga en cuenta en la jubilación parcial

Dos mujeres mayores pasean por la calle en una imagen de archivo.

Dos mujeres mayores pasean por la calle en una imagen de archivo. / EP

Violeta Molina Gallardo

La desigualdad que las mujeres padecieron en el franquismo aún tiene una reminiscencia en la legislación española, en concreto en el acceso a las pensiones, pero el Senado va a acabar este miércoles con esta discriminación histórica.

La Cámara Alta aprobará previsiblemente por amplísima mayoría una ley que incluirá la participación en el servicio social femenino en el cómputo de la jubilación parcial, al igual que ya cuentan para los hombres tanto el servicio militar obligatorio como la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia.

Entre el final de la Guerra Civil y 1978, final de la dictadura franquista, las mujeres solteras de entre 17 y 35 años que quisieran sacarse el carnet de conducir, estudiar en la universidad, tener pasaporte o trabajar para la administración tenían que pasar por el servicio social femenino. Suponía una doble discriminación: una exigencia por ser mujeres y también por no haberse casado, por no estar supeditadas a un varón. Las mujeres siempre fueron ciudadanas de segunda para el régimen del dictador Francisco Franco.

En este caso, se trataba de una contribución forzada de las mujeres, que debían colaborar en hospitales, en orfanatos, en comedores infantiles, trabajar en auxilio social, en escuelas o en bibliotecas. El objetivo último de este programa era enseñarlas a ser buenas esposas y madres, según la visión franquista.

Arquitectura franquista de la desigualdad

"A las que no querían casarse eran a las que les tocaba hacer este servicio, obligatorio entre los 17 y los 35 años. Eran mujeres que tenían que pedir permiso para todo: para acceder a un empleo, para sacarse el carnet de conducir o el pasaporte, para estudiar una carrera o formar parte de una asociación. El franquismo nos quería sumisas, devotas madres y esposas, y muy femeninas", explica a El Periódico de España la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados.

Como explicaba en la toma de consideración de esta proposición de ley la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua, aún hay que dar pasos para "deshacer toda esa gran arquitectura franquista que fue creándose a lo largo de décadas y que en muchas situaciones en este Estado se siguen viviendo hoy en día": "Pervive con ramificaciones más profundas que las de los árboles del desierto. ¿Cuántos han pasado? ¿Cuarenta, sesenta, setenta años? Más de ochenta desde que se estableció el servicio social femenino para las mujeres solteras", se quejó en el Pleno de la Cámara Baja.

Este miércoles, la Cámara Alta aprobará una ley que servirá de justicia y reparación histórica a todas esas mujeres que, obligadas, tuvieron que pasar por este aro de la dictadura. Desde el año pasado, el servicio social femenino es computable para acceder a la pensión de jubilación anticipada, de forma sinónima a la mili y la objeción de conciencia para los hombres.

Sin embargo, en la ley persistía una discriminación de estas mujeres, pues no podían computar ese servicio a efectos de la jubilación parcial, algo que incide en la brecha de género de las pensiones y que cambiará hoy, cuando en la Ley General de la Seguridad Social se dé un paso hacia la equiparación de la cobertura por pensiones entre hombres y mujeres. Un hecho ya reconocido por los tribunales españoles y demandado por el Defensor del Pueblo.

"Las sentencias lo hacen suyo, pero es mejor que quede fijado en la ley. (...) Vamos a tener la ley aprobada y es una buena noticia para las españolas, pero también para el conjunto de la calidad democrática y la eliminación de las discriminaciones. El mercado de trabajo y la Seguridad Social tienen esos rasgos discriminatorios hacia nosotras y más allá de sentencias, hay que elevarlo a leyes y a derechos porque no podemos depender de parches", defiende Granados.

"Todos los rastros de discriminación tienen que ser erradicados. Es además una recomendación del Pacto de Toledo", incide la senadora socialista, partido impulsor de esta proposición de ley.

Una desigualdad tachada de la larga lista de cuestiones que aún entorpecen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.