Vivienda

Un fondo buitre desahucia en Alicante a una pensionista con un hijo discapacitado

Una asociación del barrio de la familia alerta de que los juzgados están desalojando pese a la moratoria del Gobierno

María, de 71 años, muestra la orden de lanzamiento cuando se señaló el pasado julio.

María, de 71 años, muestra la orden de lanzamiento cuando se señaló el pasado julio. / DAVID REVENGA

J. A. Martínez

El barrio alicantino de Carolinas se está movilizando para tratar de detener el desahucio de dos familias vulnerables previstos para esta semana que viven en viviendas de alquiler que son propiedad de fondos buitre. Los dos desalojos están previstos para el miércoles y el viernes de esta semana y en este último la afectada es una pensionista con un hijo discapacitado y que estaba pagando 300 euros al mes de alquiler. El  otro de los desalojos es de un matrimonio con dos hijos menores de edad. El Sindicato Barri de Carolines ha convocado una concentración para intentar frenar el abandono de las dos viviendas y que ambas familias puedan quedarse en sus casas, al encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. El motivo del desahucio no se debe a impago alguno. Los fondos buitre que son propietarios de las viviendas han optado por no renovar el contrato de los alquileres, que se encuentran a precios muy inferiores a lo que ya se está pagando tanto en ese barrio como en otras zonas de la ciudad.

El sindicato denuncia que, pese a contar con todos los requisitos que los acreditan como familias vulnerables, contar con el informe correspondiente expedido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante y, en uno de los casos, tener a su cargo a una persona con discapacidad, no se les ha ofrecido alternativa habitacional alguna o algún servicio de mediación por parte de la Administración. El primero está señalado para el próximo miércoles 1 de febrero, mientras que el segundo está previsto, dos días más tarde, el 3 de febrero.

Francisco Llopis del sindicat Barri de Carolines, recordó que todavía sigue en vigor el decreto del Gobierno por el que se paralizan los desahucios cuando hubiera una persona vulnerable dentro de la vivienda, la última prórroga dejaba en manos de los jueces el decidir si se proseguía adelante o no con la medida. "Lo que está señalado para esta semana, no es una situación puntual y es bastante representativo de lo que está ocurriendo con la vivienda", aseguró, a lo que añadió que a lo largo de todo este mes de febrero van a continuar los desalojos y hay semanas en los que habrá uno o dos desahucios.

Desahucios invisibles

"Se trata de familias que están pagando", recalcó. En este caso, los fondos de inversión propietarios de las viviendas pretenden desalojar a sus propietarios con las expectativas de obtener unos mayores ingresos por estos pisos. A juicio de Llopis, estos casos se trata de "desahucios invisibles". En el caso de María, la mujer cuyo desahucio está programado para el viernes, no es la primera vez que se intenta dejarla en la calle. Ya se intentó el pasado 8 de julio, pero en aquella ocasión sí que logró detener la medida. Para el sindicato, se trata de una situación en la que la vulnerabilidad de los desalojados es clara. Los únicos ingresos que tienen son los 750 euros de la pensión que percibe la mujer y que tiene a su cuidado a un hijo mayor de edad con una discapacidad psíquica. Los otros perjudicados son un matrimonio con dos hijos menores de edad cuyo desalojo está previsto para el miércoles.

"Pese a las promesas de este Gobierno, durante este último mes no han parado de comunicarse avisos de desahucio en toda la ciudad de Alicante y sus alrededores, sobre todo de viviendas de grandes tenedores, bancos, fondos buitre y de la SAREB", denunció el sindicato, que subrayó que a pesar de la moratoria, los juzgados no están admitiendo los recursos de amparo presentados por las familias afectadas, pese a cumplir con todos los requisitos". "La casi inexistente oferta de vivienda pública, con listas de espera colapsadas, situación de burbuja en los precios, se les está condenando a vivir en la calle", apostilla Llopis.