EFECTOS DE LA DANA

Gobierno y PP aparcan la bronca para sacar adelante el 'escudo laboral' para los damnificados por la DANA

El PP se compromete a apoyar en el Congreso el segundo decreto ley que tiene previsto aprobar el Gobierno este lunes

Aspecto de un polígono industria devastado en la localidad valenciana de Riba-roja.

Aspecto de un polígono industria devastado en la localidad valenciana de Riba-roja. / EPE

Joan Batalla / Ángeles Vázquez

Gobierno y Partido Popular vuelven a aparcar fugazmente su enfrentamiento a cuenta de la gestión de la crisis de la DANA para sacar adelante el 'escudo laboral' para los damnificados que tiene previsto aprobar este lunes el Consejo de Ministros. El portavoz del PP en el Congreso y su vicesecretario de Economía, Miguel Tellado y Juan Bravo, se reunieron ayer durante casi dos horas con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien les trasladó las líneas generales del real decreto-ley y que se estaba acabando de perfilar a lo largo de la tarde de este domingo.

Por su parte, los representantes del PP le han detallado las propuestas fiscales que habían hecho públicas por la mañana. Y le han reiterado su apoyo a la convalidación en el Congreso de los reales decretos ley que se aprueben con ayudas a los afectados por la DANA. Fuentes de Presidencia han señalado que Bolaños ha agradecido a sus interlocutores su "tono constructivo" y tanto Gobierno como PP han acordado seguir hablando para todo lo que sean medidas para afectados por la DANA.

Las medidas de protección que se aprobarán este lunes incluyen una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, prohibición de despedir y derecho a reducir hasta el 100 % de la jornada por cuidados. Este paquete de medidas para los damnificados por la DANA es el segundo que adopta el Gobierno después de que el pasado martes aprobara ayudas para los afectados por la catástrofe valoradas en 10.600 millones de euros.

El ‘escudo laboral’, que tendrá efectos retroactivos desde el 29 de octubre, estará integrado por diversas medidas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), a los que podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la DANA pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto afectada por el temporal, según fuentes del Gobierno.

Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato de trabajo por la DANA tienen derecho a una prestación contributiva, del 70 % de la base reguladora, que no exige un periodo previo de cotización y que tampoco consume periodos cotizados. Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero de 2025. El Gobierno calcula que la cifra potencial de trabajadores que podrían adherirse a un ERTE porque trabajan en un municipio afectado por la DANA supera las 350.000 personas, con un coste aproximado de 147,9 millones de euros.

El ‘escudo laboral’ incluye, como novedad, permisos retribuidos, con el 100% del salario, a los trabajadores que por motivo de la DANA no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas.

El real decreto incluye además una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, del 70 % de la base reguladora, sin periodo de carencia (es decir, sin necesidad de reunir un periodo mínimo de cotización) y sin consumo de cotizaciones. Como se hizo en pandemia, el Ministerio de Trabajo pondrá en marcha un plan, denominado ‘Plan Mecuida’, que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada hasta el 100 % para el cuidado de menores y otros familiares.

Por su parte, el Partido Popular aprovechó la reunión con Bolaños, para explicarle la batería de medidas para la reconstrucción de los territorios y de apoyo a las personas afectadas por la DANA que ha preparado para que sean incluidas en el segundo real decreto-ley que aprobará este lunes el Ejecutivo. Según Bravo, el partido llevaba trabajando en su Plan Valencia, con 13 medidas concretas, entre las que destacan el realojo inmediato de los vecinos afectados, ayudas para la compra de nuevos vehículos y la rebajas de impuestos, desde el pasado 30 de octubre, solo un día después de la DANA.

Las medidas apuestan por incrementar la lista de ayuntamientos afectados; crear un portal único para la gestión de ayudas de la DANA a través de una ventanilla única, que podría ser la Agencia Tributaria; establecer una línea de renovación de vehículos, diseñar un plan de vivienda y uno de educación. Derivado de este último plan se propone al Ministerio de Educación crear el fondo Educamos, que financie todas las actuaciones necesarias para recuperar la actividad educativa en los centros.

En cuanto a los vehículos, el PP plantea ampliar las ayudas del Plan Moves para los eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno, con una cuantía de hasta 14.000 euros por coche en el momento de la compra, así como un Plan Renove con ayudas directas de hasta 10.000 euros para vehículos de cualquier tecnología. Además, propone una nueva línea de ayudas para los vehículos industriales de hasta el 50% del coste (con un límite de la ayuda de 40.000 euros para la compra de coche de cualquier tecnología), y también ayudas a la reparación de vehículos de hasta el 50% de los daños.

También prevé un renting social de movilidad para las familias con menos recursos, de modo que puedan acceder a un vehículo, con una cuota mensual de entre 50 y 150 euros por un periodo máximo de 3 años, y que los afectados estén exentos de pagar los abonos de transporte.

En materia de vivienda, apunta una actuación inmediata para realojar de forma temporal o permanente a los afectados por la DANA, así como la creación de un Registro de demandantes de realojo temporal o permanente. Además, el PP propone establecer un plan de salud mental; recuperar la movilidad; hacer una exención de la tarifa de abono de transporte en las zonas afectadas y crear medidas relativas a los gastos asumidos.

Medidas fiscales

En materia de fiscalidad, destaca la necesidad de reducir o eliminar una serie de tributos, como los impuestos vinculados con la reconstrucción de las viviendas, al igual que "el aplazamiento sin intereses" del IRPF o cualquier otro impuesto. También propone reducir el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a 2025 y que las viviendas que reciban las ayudas previstas en el futuro Real Decreto Ley del Gobierno, o en el aprobado ya por la Generalitat, queden exentas del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el próximo ejercicio.

El PP plantea que para hacer posible estas ayudas fiscales, la Administración General del Estado compense a las entidades locales por la disminución en sus ingresos derivadas de las mismas. Bravo ha indicado que el PP defiende incrementar hasta el 100% el salario que cobren los afectados que causen baja por incapacidad temporal extraordinaria, desde el 75% recogido en el Real Decreto Ley del Gobierno.

Además de con el PP, Bolaños ha mantenido este domingo una ronda de contactos con Sumar, ERC, Junts, EH-Bildu, BNG, CC, UPN, PNV y Podemos para actualizarles la situación de los efectos de la DANA y para informarles de las próximas medidas que adoptará el Gobierno. Vox no ha acudido a la convocatoria, al igual que ocurrió el pasado lunes 4 de noviembre, porque no quiere "blanquear al gobierno criminal".

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