Catástrofe en Valencia

Más de 300 viviendas de la zona cero deberán ser demolidas por los efectos de la DANA

El Instituto Valenciano de la Edificación de la Generalitat valenciana decreta casi 1.500 inmuebles en situación "no habitable"

Casas afectadas junto al barranco en Chiva.

Casas afectadas junto al barranco en Chiva. / J.M. López

José Luis García Nieves

La huella material más duradera de la DANA será la de las casas y edificios que, tras quedar afectados por la virulencia de la barrancada del 29 de octubre, van a dejar un hueco en la trama urbana. Según los informes del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), dependiente de la Conselleria de Vivienda, hay más de 300 edificios (en concreto, 305) que tendrán que sufrir demoliciones, ya sean totales o parciales. El dato sigue creciendo conforme avanzan las inspecciones. En la mayoría de los casos, matizan desde la conselleria, se trata de bajos, viviendas, plantas bajas, las tradicionales casas de pueblo. No hay edificios con daño estructural que requiera demoliciones. Y, generalmente, se trata de demoliciones parciales. También se han realizado más de 200 apuntalamientos.

El detalle de este dato, según un informe al que ha tenido acceso este diario, deja a los municipios ribereños del barranco del Poyo como los más afectados. Massanassa, con 39; Picanya, con 33; Sedaví, con 28; Y Paiporta y Chiva, con 24, son los más afectados. Con todo, hay una treintena de localidades donde se ha determinado esta situación de riesgo. También Utiel, en la cabecera del río Magro, con 18 inmuebles afectados.

Es uno de los datos más relevantes de un informe en el que también se cifran las viviendas desalajodas. En estos momentos, se han registrado 9.539 inspecciones en 54 municipios. De ellos, se ha concluido que hay 1.458 viviendas no habitables y, de ellas, más de medio millar (517) viviendas desalojadas.

Cabe destacar en este sentido que la mayoría de viviendas no habitables no padece problemas estructurales graves y no necesitan medidas preventivas. Podrían volver a ser habitadas. Eso sí, el agua ha barrido baños, tabiques, cocinas o cualquier otra instalación que impide ser ocupada con normalidad.

Soluciones

En paralelo a estas inspecciones, la misma Conselleria de Vivienda está coordinando soluciones para los vecinos afectados que se han quedado sin techo y no tienen alternativa. Hay diferentes escenarios. Para las personas vulnerables, se abrió el centro de acogida temporal (Cate) de Burjassot, que sigue con 89 usuarios. También se ha habilitado un edificio de hasta 184 viviendas sociales en La Torre, además de otras adjudicaciones en Picanya, Torrent, Alfafar o Valencia. En total, se han adjudicado 84.

Además, se han concedido ya 812 ayudas al alquiler (hasta 800 euros/mes hasta un año) para familias que también necesitan rehabilitar sus viviendas o que directamente la han perdido.

Y también como solución a largo plazo, la Generalitat valenciana ha reclamado al Gobierno los 25 millones que destinó a la compra de viviendas. El objetivo es destinar ese dinero a la construcción de 200 viviendas industriales (con módulos, de construcción más rápida), ya que en los municipios afectados no hay vivienda en el mercado, recordaba este martes el Consell.

La delicada situación de estos edificios ha adquirido mayor relevancia después del accidente del pasado fin de semana que causó la muerte a un operario que limpiaba un garaje en Benetússer. Preguntada por este aspecto, la vicepresidenta del Consell y titular de Vivienda, Susana Camarero, señalaba tras el pleno del Consell que el episodio está bajo investigación y que la Generalitat, a través del IVE, está colaborando en ella.

En referencia a la operativa, Camarero señaló que desde los primeros días tras la DANA del 29 de octubre se puso en marcha un grupo de inspección cordinado por el IVE en el que colaboran diferentes colegios profesionales (arquitectos, arquitectos técnicos, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias). Según señaló, son los arquitectos municipales los que van marcando las prioridades y, a partir de sus peticiones, se van realizando las inspecciones.

Criticas al Gobierno

La cuestión de las inspecciones, en todo caso, ha creado una nueva trifulca con el Gobierno. La vicepresidenta lamentó la "insensibilidad del Gobierno de España" ya que asegura que se comprometió a asumir el coste de las inspecciones. "De repente, sin justificación, el Gobierno de España ha dicho que va a abonar solo aquellas inspecciones de los edificios donde no haya seguro", afirmó la vicepresidenta.

"Esto supone que las inspecciones realizadas las asumiremos desde la Generalitat, y (respecto a) las no realizadas el Gobierno de España está diciendo que se apañen los vecinos, que esperen a que el Consorcio haga las inspecciones, los peritajes, y luego ya veremos". A juicio de Camarero, con ello "están dejando tirados a los vecinos a expensas de la lentitud del Consorcio" de Compensación de Seguros. La Generalitat, asevera, "pagará el conjunto de las inspecciones que el Gobierno de España no asuma". "No vamos a racanear nosotros lo que sí nos está racaneando el Gobierno en la valoración de la seguridad de los edificios", concluyó.

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