Profesoras de matemáticas que ejercen sin apenas tiempo como coordinadoras de bienestar

El coordinador de bienestar y protección es una figura obligatoria en los centros educativos desde infantil hasta bachillerato. Al menos, sobre el papel. Aprobada en 2021, la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi o 'ley Rhodes' en honor al pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales en su infancia) institucionalizó este rol profesional que, cuatro años después, sigue sin despegar. Es más, en muchas autonomías ni siquiera se conoce. En Cataluña, la figura de los coordinadores emocionales, alias 'cocobe', se implantó con dificultades en septiembre de 2023.

Cataluña es una de las autonomías que sí ha implantado los 'cocobe' y ha previsto una dotación presupuestaria

El papel del coordinador es vital para mejorar el ambiente en el aula (fundamental para el aprendizaje) y promover la cultura del buen trato en la comunidad educativa. Su labor es la de prevenir, detectar e intervenir en situaciones de riesgo, incluido el 'bullying'. Sin embargo, los centros carecen de un perfil profesional estandarizado. Son los propios equipos directivos o los miembros del departamento de orientación los que ejercen esta función, que muchas otras veces queda a cargo de la profesora de matemáticas o de educación física. Así lo expone el informe ‘Mejorando la protección y el bienestar de las escuelas’, de la Fundación SM y Educo, que destaca la brecha que existe entre los conocimientos académicos de los docentes y lo que se espera de ellos como coordinadores de bienestar.

El 21% de los adolescentes manifiesta algún problema de salud mental, según estudios de Unicef

Según Unicef, el 21% de los adolescentes manifiesta algún problema de salud mental. Además, según una ambiciosa investigación de la Universidad Complutense y la Fundación Colacao, el 6,2% de los estudiantes de los cursos comprendidos entre 4º de primaria y 4º de ESO confiesan que sufren acoso escolar mientras que el 2% reconocen que son agresores.

A pesar de esta realidad en las aulas, la mayoría de normas autonómicas no son nada concretas respecto al perfil más adecuado para el coordinador de bienestar. De hecho, la propia 'ley Rhodes' permite a los centros nombrar esta figura con su plantilla. La formación que están recibiendo estos profesionales de la docencia para ejercer la nueva función es generalista, muy teórica y nada práctica, según el informe de Educo y SM, elaborado con testimonios de docentes. La investigación confirma que, a pesar de ser una figura creada por una ley, existe un “escaso conocimiento” de su existencia entre el profesorado y el alumnado. “No se han realizado esfuerzos suficientes en la difusión de la existencia de esta entidad y su trascendencia para la comunidad educativa”, critican los autores del informe. En el entorno familiar, el conocimiento de esta figura es “prácticamente nulo”.

Falta de disposición horaria

La falta de disposición horaria es otro problema que afecta a la escasa aplicación de la nueva figura, cuya forma de atender al alumnado no es igual sino que depende de la complejidad del centro. La asunción de esta importante función implica un sacrificio individual que afecta al tiempo personal de los docentes encargados. El informe, además, subraya el escaso apoyo que se brinda desde la dirección de algunos colegios e institutos a este rol, así como la falta de presupuesto por parte de las administraciones educativas.

Es imprescindible, según los autores del informe, que el coordinador de bienestar obtenga un complemento salarial, como ocurre, en teoría, con los docentes que se encargan de coordinar los aspectos relacionados con la tecnología o la biblioteca. El problema, sin embargo, es de raíz dado que la propia ley carece de dotación económica para este rol. “Si no se realizan esfuerzos por dotar de identidad a la figura del coordinador será completamente irrelevante en la vida de la mayor parte del alumnado”, alerta el estudio de SM y Educo. Cataluña es una de las pocas autonomías que, tras quejas de los centros educativos, sí ha habilitado una dotación (3,9 millones de euros) para pagar a estos profesionales su tarea extra.