Canarias avisa: "No caben excusas; si no hay centros, que los creen"

Al Gobierno canario ya no le valen las excusas. La distribución de los menores migrantes ya no depende de la solidaridad de las comunidades autónomas, ahora, desde la aprobación del real decreto ley el pasado 18 de marzo, ha pasado a ser una cuestión de "legalidad". Y el Ejecutivo canario no está dispuesto a aceptar ninguna evasiva. Así lo expresó ayer el presidente canario, Fernando Clavijo, y el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, quien recordó que en un estado de derecho "es obligación de las comunidades cumplir con las normas".

Es el momento de respetar las leyes sin "triquiñuelas". Si algo ha aprendido el Gobierno canario en los últimos cinco años de crisis migratoria es el significado de la palabra "saturación", por lo que ayer tanto Clavijo como Candil mostraron su rechazo al hecho de que algunas comunidades autónomas hayan utilizado el término para describir la situación de sus centros de acogida. "Es un poco ridículo y absurdo. Canarias no tenía esos recursos. Los niños llegaban al muelle, el Estado te decía que tenías que acogerlo y tú los acogías y te buscabas la vida. Por eso decretamos una situación de emergencia", recordó Clavijo, quien explicó que las regiones tendrán que crear "las plazas" tal y como lo ha hecho el Archipiélago.

En 2023 Canarias solo contaba con 35 centros en la red de acogida y tutelaba a unos 1.500 niños, pero la realidad se impuso y la comunidad tuvo que buscar recursos en solitario para atender a los 5.700 menores que hay en la actualidad. ¿El resultado? Ahora son 86 los centros, pero en algunos de ellos conviven más de 300 jóvenes, lo que impide "atenderlos en las condiciones que se debería".

"Por encima de sus capacidades"

Y es por esto que el Gobierno autonómico ha insistido tanto en la importancia de la distribución y ahora la Consejería de Bienestar Social no comprende que las comunidades se excusen en el argumento de que ya están "por encima" de sus capacidades. "Ya está bien de mirar para otro lado y de ponerse de perfil, si hace falta crear recursos extraordinarios como ha hecho Canarias, se hace", insistió Candil, quien aseguró que por población la región debería tutelar a unos 700 menores.

El viceconsejero reconoció estar sorprendido con la actitud mostrada por las comunidades tras la aprobación del real decreto ley. "Pensábamos que una vez estuviera aprobada la ley iba a imperar el sentido común, pero lamentablemente vemos que la falta de sensibilidad es permanente en muchas comunidades", apuntó.

Pero no solo hubo reproches para las autonomías, Candil también afeó al Estado su esfuerzo por trazar alternativas que le libren de cumplir el auto del Tribunal Supremo que le obliga a integrar en el Sistema de acogida de Protección Internacional a más de un millar de menores solicitantes de asilo que actualmente están alojados en centros de Canarias. El Ejecutivo central dejó caer a principios de esta semana la idea de que sus centros no están acondicionados para asistir a menores no acompañados y el viceconsejero ha utilizado la misma respuesta que para las autonomías: "no nos valen las excusas, si hay que crear centros, se crean".

Candil insistió ayer en la importancia de dar "una respuesta a la altura" al fenómeno e invitó al Estado a alejarse del argumento de "estar superado". "No puede ser que un país de casi 50 millones de habitantes no pueda atender a 6.000 niños", criticó. Y reflexionó sobre los motivos que llevan a las comunidades y al Gobierno central a poner tantas trabas . "Vamos a terminar pensando que existe algún otro problema por el que no quieren que estos niños africanos estén en territorio peninsular", apuntó el viceconsejero, que recordó que la solidaridad sí imperó cuando hubo que acoger a "niños ucranianos". "No quiero pensar que sea un problema por el color de la piel", dejó caer.

El 9 de abril acaba el plazo que el Tribunal Supremo estableció para que el Estado asuma la atención de estos niños y Candil descarta llegar antes a algún acuerdo económico para que los menores se queden en centros de las Islas. "El auto es cristalino, esos niños deben salir del Archipiélago para recibir una atención adecuada", defendió.