El Supremo confirma la pena de 15 meses de prisión impuesta a un granjero que dejó morir a 170 ocas

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal impuesta a un granjero que dejó morir a 170 ocas por inanición y falta de cuidados en una explotación ganadera ecológica de su propiedad situada en Fuente Obejuna (Córdoba). La Sala de lo Penal, que recuerda que la "cosificación de los animales" está prohibida en la legislación, al tratarse de "seres vivos con sentimientos", ratifica también la pena de tres años y medio de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales, así como su tenencia, que también le impuso la Audiencia Provincial de Córdoba.

La finca del terror en Toledo: 17 perros rescatados, calaveras y lesiones rituales a los cachorros

La sentencia declaró probado que el condenado figuraba como administrador único de una empresa dedicada al cebado en extensivo de estos animales para la producción de paté, carne y plumas. Entre principios de junio de 2018 y el día 21 de ese mes las dejó morir por “inanición y por falto de cuidados”, con absoluto conocimiento del estado de desnutrición en el que se encontraban y “con total desprecio por la vida de estas”, porque el encargado de la alimentación de las aves que era un menor de edad le había comunicado la falta de pienso y el estado en el que se encontraban.

Los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) encontraron a las ocas muertas, la mayoría amontonadas, en avanzado estado de desnutrición. No tenían pienso ni agua potable, salvo un pequeño bebedero y una pequeña charca de aguas pluviales en unos corrales, donde bebían, se bañaban y defecaban. Tampoco recibieron la adecuada asistencia sanitaria.

La Sala de lo Penal considera que esos hechos probados se encuadran en el concepto de delito continuado de maltrato animal, pese a lo argumentado por el condenado, y duda de que el legislador se planteara, "desde luego, qué tratamiento dar a la muerte de 170 animales como consecuencia de la inanición provocada por quien era garante de su supervivencia". 

La sentencia declara que “la muerte de 170 ocas como consecuencia de omisiones encadenadas que privaron a los animales del cuidado indispensable para evitar sed, hambre y atención veterinaria, hasta el momento de su muerte colectiva, ha de ser tratada conforme a las reglas del delito continuado”. Subraya que “el sufrimiento de un animal, la muerte de un ser vivo exige un tratamiento penal que adquiera sentido a partir de su consideración como ser sintiente y, por tanto, protegido en su propia mismidad”.

Añade que en el caso examinado “fueron 170 animales fallecidos que no pueden ser degradados a la condición de cosas no individualizables por su propia singularidad. La cosificación de los animales es contraria al estado de nuestra legislación y a los compartidos valores que forman parte ya de una normalidad sociológica" en el ámbito europeo "que ve en todo animal un ser sintiente, merecedor del respeto exigible frente a la vida, sea o no humana”.

La Sala, que descarta que se hayan producido dilaciones indebidas en la causa, indica que los hechos se sucedieron en "un prolongado paréntesis temporal que culminó en los tres días en los que el juicio histórico sitúa el momento de una agonía colectiva que llevó a la muerte de los animales”. 

Agrega que, con anterioridad a ese desenlace, “el encargado de la explotación y de la alimentación de los animales advirtió al acusado de la falta de pienso y del estado de desnutrición de las ocas. Los animales no recibieron la regular atención veterinaria que exige el cuidado propio de una granja ecológica. Tampoco dispensó el cuidado indispensable para la supervivencia de las ocas. Fueron, pues, muchas omisiones las que seccionaron la voluntad unitaria de desatender a los animales que custodiaba y explotaba en su granja”.