Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la sectorial sobre el reparto de menores migrantes, que continuará su trámite en el Consejo de Ministros

El PP planta al Gobierno en la última reunión para abordar la reubicación de menores migrantes. Todas las comunidades presididas por los populares, excepto Ceuta que sí ha participado, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se ha celebrado por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

En esta reunión, de carácter informativo, se iba a tratar el diseño del nuevo real decreto de la aplicación del artículo 35 de la ley de extranjería, aunque desde el ministerio avanzan que el texto continuará su curso e irá a Consejo de Ministros en las próximas semanas. "El hecho de que las comunidades ya se den por informadas nos permite seguir con el trámite", defendió la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que defendió que el plantón "no tiene consecuencias" a nivel jurídico, en declaraciones a los medios de comunicación, donde también cargó contra el PP.

"Había confirmación por parte por prácticamente todas las comunidades autónomas, pero finalmente no han acudido", lamentó Rego, que consideró "absolutamente lamentable que el PP se haya abrazado a Vox y siga boicoteando las políticas de infancia de este país", criticó Rego, que acusó al principal partido de la oposición de "abrazar las tesis racistas".

A la reunión acudieron los consejeros del Gobierno de Castilla La Mancha, Canarias -donde gobiernan los nacionalistas de CC con el PP-, mientras Ceuta se conectó por videoconferencia. Entre los convocados está la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, que ha informado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera la convocatoria de esta reunión "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez.

La consejera de Servicios Sociales de Exremadura, Sara García Espada, ha explicado que Extremadura se ha sumado a la impugnación "no por los temas a tratar", sino porque la ministra Sira Rego "ha roto el reglamento una vez más y no lo ha cumplido", al señalar que no se les informó de que los asuntos que se iban a tratar en la reunión, puesto que el orden del día se decide en una reunión previa que no se ha celebrado. "Cuando la ministra cumpla el reglamento y convoque tal y como marca el reglamento, Extremadura acudirá", ha afirmado.

La situación ha dejado entrever la situación tan particular del Gobierno de canarias, donde sí acudió a la reunión Candelaria Delgado, la consejera de Juventud e Infancia, de Coalición Canaria, que sí avaló la cita: “En un estado democrático lo lógico es venir y si hay que protestar se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso”.

El principal punto del orden del día de la conferencia sectorial era informar a las comunidades autónomas sobre el real decreto que prepara el Ministerio de Infancia y que contempla el reparto de menores migrantes no acompañados entre los territorios, en virtud de la última reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, con el objetivo de "actualizar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida para infancia migrante no acompañado", detalló Rego.

En marzo del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para distribuir a más de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias y otros 400 desde Ceuta en el resto de la Península Ibérica. Lo hizo después de que el Congreso tumbara unos meses antes una proposición de ley presentada por PSOE y Sumar para establecer un reparto obligatorio de este colectivo entre todo el territorio nacional. El decreto, que se convalidó después en el Congreso, es de esta forma una solución coyuntural que sin embargo tendrá que verse renovada año a año para evitar el colapso de las principales vías de llegada.

El PP criticó entonces el decreto, al considerar que diseñaba un "reparto partidista", en palabras del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que sí confirmó que las comunidades populares sí cumplirían la ley y que las comunidades donde gobiernan acogerían lo dispuesto en esa distribución.

Un "caso exitoso" y "ni una incendencia"

La ministra Sira Rego ha defendido este miércoles el sistema de reparto aprobado el año pasado como un "caso muy exitoso", y ha avanzado que el planteamiento es mantener los mismos criterios, variando únicamente las plazas disponibles en cada comunidad autónoma. Este sistema establecía que cuando el número de menores acogidos triplique el número de plazas disponibles en puntos de llegada, se declara situación de contingencia migratoria de forma automática, derivando a su traslado a comunidades menos saturadas. "Es simplemente una serie de información de saber cuántas plazas hay ocupadas en cada sistema de acogida para hacerlo de manera más equilibrada", detalló Rego.

La ministra aseguró que hasta ahora se han "tramitado 1.700 expedientes de manera exitosa". "Muchos de ellos ya están en las comunidades autónomas. Otros datos no podemos confirmarlos porque también hay un bloqueo y una negativa de comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que se niega a facilitar los datos cuando tiene obligación de colaborar", criticó Rego. También detalló que todos los traslados se han producido sin "ni una incidencia, a pesar de los bulos y las mentiras de la extrema derecha".

El Gobierno lo vincula a los pactos con Vox

El Gobierno ha vinculado el plantón del PP a los pactos con Vox, en la misma mañana en que se ha anunciado una reunión en Aragón para tratar de acordar el gobierno autonómico. "Quizás en vez de estar en esta Conferencia Sectorial igual están negociando con Vox para llegar a acuerdos para políticas de involución en los gobiernos autonómicos en los que están", defendió la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sanz, que reclamó al PP "altura de miras" y "responsabilidad", "porque lo que está en juego en este momento son temas muy serios", según ha dicho.

Sobre este mismo asunto se pronunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que calificó la actitud del PP de una "absoluta deslealtad institucional", una "falta de respeto" y un acto "antidemocrático".