El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Madrid a cuatro años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas, y condena al médico Simón Viñals a año y medio por imprudencia profesional.

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a Flores como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave. Además, el tribunal le inhabilita para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena.

El doctor Viñals, que ha sido condenado por el Supremo a un año y medio de cárcel por negligencias e imprudencias en la atención médica de Cristina Arce, una de las cinco jóvenes fallecidas en la tragedia del Madrid Arena, no entrará en prisión al ser su pena inferior a dos años, han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

El Tribunal Supremo ha señalado en su sentencia que el exceso de las entradas vendidas por los organizadores fue el origen de la muerte de cinco adolescentes. Los hechos probados de la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, recogen que, pese a que el aforo máximo permitido era de 10.620 personas, Diviertt vendió 16.605 entradas para el espectáculo Thriller Music "controlando dicha venta y, siendo consciente de la misma, Miguel Ángel Flores".

El exceso de entradas vendidas sobre el aforo "produjo un riesgo evidente para la seguridad de todos los asistentes y fue el origen del grave resultado mortal y lesivo producido con posterioridad durante el desarrollo del espectáculo".

Pese a lo anterior Flores le decía a Francisco del Amo, coordinador de Madridec, en los días previos a la celebración del evento que el número de asistentes previsto estaría entre las 4.000 y las 6.000 personas, lo que así transmitió Del Amo a su Departamento de Seguridad. Éste transmitió a diferentes organismos, entre ellos a la Policía Municipal, que el número de asistentes previstos era de 7.000 personas, ante una mayor venta de entradas.

El Alto Tribunal también ha confirmado tres años de prisión por los mismos delitos a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec), y a Santiago Rojo, director general de Diviertt; dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34 (empresa encargada de controlar el acceso al recinto), así como el pago de una multa de 3600 euros a los coordinadores de Seguridad de Seguriber, Juan José París y Raúl Monterde. En el caso de estos dos últimos la condena es por cinco delitos de homicidio por imprudencia menos grave.

La Sala anula la absolución del médico Simón Viñals, que era el encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche de los hechos, y le condena a un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en relación a la víctima Cristina Arce, e incluye la inhabilitación especial para la profesión de médico por un periodo de cuatro años.

Tendrá que indemnizar a los familiares de Cristina Arce de la Fuente en un total de 340.000 euros. La sentencia explica que al actuar negligentemente incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto, falleciera debido a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento sufrido en el vomitorio.

La sentencia confirma que el rescate de las personas que quedaron atrapadas en el vomitorio se realizó de forma "descoordinada, lenta y poco eficaz", con la ayuda de los asistentes a la fiesta, y veinte minutos después del incidente, a las 3.55 horas, se logró evacuar a todas. En total, 29 jóvenes resultaron lesionados de diversa entidad y de extrema gravedad las cinco jóvenes que fallecieron como consecuencia del aplastamiento que habían sufrido.

Además, en la enfermería del Madrid Arena, "lejos de actuar con rapidez y hacer todo lo que estaba a su alcance, Simón Viñals Pérez, su responsable, y su Carlos, el otro médico, "no realizaron un correcto diagnóstico de que, al menos Cristina Arce y Rocío Oña se encontraban en situación de parada cardiorrespiratoria ni le practicaron a las tres jóvenes una adecuada reanimación cardiopulmonar para intentar que se recuperaran".

Flores y el resto de acusados se encuentra actualmente en libertad provisional, a la espera de que se ejecute ahora la sentencia confirmatoria del Supremo. Pese a que a Fiscalía y las acusaciones pidieron su ingreso en prisión tras el primer fallo, la Audiencia Provincial la denegó alegando que no existía riesgo de fuga.