La jueza que el pasado 26 de septiembre ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del gerente de Magrudis y uno de sus hijos, a los que atribuye varios delitos por el brote de listeriosis detectado en verano, ha desestimado el recurso de ambos y ha decidido que continúen en la cárcel.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza de Instrucción número 10 de Sevilla ha rechazado los recursos de reforma presentados por José Antonio Marín y su hijo Sandro.

Por tanto, acuerda mantener la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza que ya adoptó el pasado 26 de septiembre ante el "riesgo de fuga" y a fin de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de pruebas relevantes" en la investigación sobre el brote de listeriosis.

Además, recuerda que "es necesario practicar multitud de diligencias", como tomar declaración a la esposa y cuñada del gerente y a los trabajadores de Magrudis y de Elaborados Cárnicos Mario, así como "oír y examinar la documentación" de los laboratorios Microal y Biocontrol.

El auto recuerda que Marín "pretende ahora responsabilizar a los laboratorios y administraciones" y adelanta que ese hecho "sin duda va a ser investigado por este juzgado", pero aclara que "es de sentido común que debió adoptar medidas al menos en febrero de 2019, cuando supo de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechá".

"Se limitó a tirar a la basura el lote contaminado, sin que adoptara las más mínimas medidas y precauciones para evitar el resultado que desgraciadamente tuvo lugar", denuncia la instructora.

La instructora revela que "en algunas de las conversaciones telefónicas" con algunos trabajadores y comerciales, Marín les "ordenaba quitar información de la empresa y tirar a la basura unas tarrinas recogidas, es decir, destruir documentos y deshacerse de productos elaborados por Magrudis".

El auto también habla de "ocultación de información a las autoridades sanitarias" en agosto "por parte de ambos investigados", ya que "el día 14 se les solicita por primera vez información y que faciliten listado de distribución y entregan una lista de clientes incompleta".

"Con posterioridad, tras nuevos requerimientos", entregaron "un simple listado de proveedores sin datos de trazabilidad alguna", agrega.

El 17 de agosto, cuando el juzgado les pidió "información de otros productos", el gerente manifestó "que no seguirá dando información sin documentación y sin el correspondiente procedimiento", con lo cual "ocultó la existencia de la marca blanca, que fue detectada por la autoridad sanitaria el 21 de agosto".

Según la magistrada, Marín "ocultó información esencial para evitar que las personas continuaran consumiendo productos infectados ocultando la fabricación de chorizo, que fabricaron hasta julio de 2019, cuando les fue requerido el listado de productos Magrudis".

La instructora habla de "reiteración delictiva", ya que "aún no se sabe con seguridad cuántos lotes de carne mechada y de los otros productos han sido contaminados ni si se ha producido su efectiva retirada del mercado", por lo que "es necesario recabar dicha información".

En cuanto al hijo, la jueza dice que "resulta inaceptable que alegue que era un mero testaferro y que se limitaba a cumplir las órdenes de su padre, pues él mismo reconoce que sí tomaba decisiones", por lo que recuerda que "alegar desconocimiento de los protocolos a seguir para evitar la presencia de listeria no lo exime de su responsabilidad".

La magistrada atribuye a los detenidos un presunto delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de aborto y otro de lesiones imprudentes a un número de personas "que pudiera ascender a doscientas".