Un juzgado de Durango (Bizkaia) ha abierto este martes diligencias previas contra la empresa Verter Recycling 2000 SL, propietaria del vertedero derrumbado en Zaldibar, en el que dos trabajadores permanecen sepultados desde el jueves, por un presunto delito ambiental y laboral.
Se trata, según han informado a Efe fuentes de la Audiencia de Bizkaia, del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Durango, partido judicial al que pertenece Zaldibar, que se encontraba de guardia cuando el pasado jueves 6 de abril colapsó el vertedero sepultando a dos de sus trabajadores y liberando ladera abajo miles de toneladas de residuos que almacenaba y que cayeron sobre la autopista AP-8 cortándola durante varias horas.
El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha desvelado la apertura de dichas diligencias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que no ha ofrecido más datos sobre esta acción judicial en relación a este desprendimiento que ha provocado la desaparición de dos trabajadores.
Sí ha apuntado no obstante que "lo más probable" es que el Gobierno Vasco se persone en la causa porque tiene "muchas alegaciones" que aportar y porque va a exigir responsabilidades a la propietaria del vertedero. Erkoreka ha lamentado también que la gestión que está haciendo esta empresa sobre el derrumbe, en relación con la administración pública vasca, es "manifiestamente mejorable" en los ámbitos medioambiental y laboral.
El portavoz se ha referido al requerimiento que este martes envió el Departamento vasco de Medio Ambiente a Verter Recycling 2000 SL para que remita en un plazo de 7 días el avance de un plan de actuación para afrontar este sucesos. Ha explicado que este plan debe identificar "el daño hecho" y concretar el alcance del mismo y también el requerimiento exige a la empresa que remita a la administración un plan de vigilancia ambiental "con la máxima celeridad".
"Si la empresa no opera de buen grado en el cumplimiento de estas exigencias legales se le instaría a una ejecución forzosa con los mecanismos y multas coercitivas correspondientes que están previstas en la ley", ha advertido Erkoreka.
En ultima instancia, si la empresa no acometiera ese requerimiento, ha asegurado el portavoz, la administración vasca procedería a la "ejecución subsidaria", es decir, ejecutaría esas labores repercutiendo luego a la empresa el coste correspondiente.
Erkoreka ha insistido en que la respuesta de la empresa ante esta catástrofe "está siendo manifiestamente mejorable en todos los ámbitos", tanto en el de la inspección laboral como en el mediambiental. "Es absolutamente insatisfactoria", ha remarcado.
