Será un juez quien decida si las pruebas que aporta son o no válidas y si se tiene o no que ir de la vivienda en función de lo que marca la ley. Sin embargo, en la misma notificación donde el juzgado le señala cuándo es la celebración del juicio -"la vista para el caso es el 16 de julio de 2020"- también remarca la cita del desahucio -el "lanzamiento solicitado" está previsto para el 24 de agosto-, justo un mes después. Y la mujer se pregunta "por qué me notifican el desahucio con el juicio sin celebrar, como si ya lo tuviera perdido sin tener la posibilidad de defenderme". Y es que, este domingo, la mujer no tenía ni abogado de oficio, al estar pendiente de asignación.

La llamaremos Carmen. A sus 49 años vive un un sexto piso sin ascensor, en una "vivienda de portería" de un barrio obrero del distrito de Trànsits, en Valencia, por el que paga 200 euros de alquiler. Firmó un contrato de arrendamiento por cinco años que finalizó en septiembre de 2019 y, en ese momento, acumulaba una deuda a la comunidad de vecinos (que es su casera al ser una vivienda de portería propiedad de la finca) de 2.000 euros.

La comunidad ya le había advertido que no renovarían el contrato y que se fuera de la vivienda tras pagar la deuda. Ella no se fue pero sí asegura haber pagado la deuda en cuanto pudo. Muestra los recibos de diferentes cuantías, en diversos meses de 2019.

Asegura que la deuda está "saldada" pero la comunidad de vecinos la denunció por impago del alquiler y asegura que adeuda los recibos desde marzo de 2019 (un total de 2.400 euros) algo que ella niega. Y vuelve a mostrar los justificantes de pago del banco. Reconoce, eso sí, que desde la declaración del estado de alarma por el Covid-19 no ha abonado ningún recibo. "La deuda actual la tengo desde el confinamiento porque mi pareja está en ERTE de la cafetería donde trabaja desde hace 43 años y yo cobro la RAI y solo me quedan dos meses como mucho", explica la mujer, que prefiere permanecer en el anonimato "por respeto a mis padres, que son muy mayores ya y a sus 85 años no quiero darles ni preocupaciones ni disgustos".

En tiempo de descuento

La pareja sabe que se debe ir de esa vivienda, habida cuenta de que la comunidad de vecinos no da su brazo a torcer. "Sé que nos tenemos que ir y desde hace dos años buscamos piso pero... los precios son imposibles. No me quiero ir del barrio ni de la ciudad porque mis padres son muy mayores y yo soy quien los atiende a diario con la compra, los médicos y otras necesidades. Pero, vamos, que este barrio es obrero. Y no entiendo por qué la comunidad de vecinos me quiere echar. Cuando entramos a vivir aquí esto parecía una pocilga e hicimos arreglos. Pagamos puntualmente los recibos hasta que tuvimos un mal momento y se nos acumularon las deudas. En cuanto pude seguí pagando y cumplí con lo que debía. Me parece injusto porque solo necesitamos tiempo para encontrar una vivienda que podamos pagar, que las que hay disponibles suben 600 o 700 euros al mes, y eso es imposible", afirma.

La pareja suma unos mil euros de ingresos al mes "pero no podemos pagar 600 solo en el alquiler porque luego están los suministros, la comida, los medicamentos... Somos personas humildes y trabajadoras, pero sin vivienda no tienes nada".