Un jurado popular ha declarado culpables de asesinato por unanimidad a la viuda negra de Alicante y a su "cuidador", Conchi Martín y Francisco Pérez, por la muerte a puñaladas del marido de la primera. El veredicto se leyó pasada la medianoche tras una larga deliberación en la que las cinco mujeres y cuatro hombres que forman parte del tribunal popular han respondido a un cuestionario de más de cincuenta preguntas que el magistrado que dirige el juicio, José María Merlos, les había entregado sobre los hechos que debían considerar probados. Cerca de 25 preguntas para cada uno de los acusados y que debían responder por separado para concretar su participación en los hechos.

El olvido en la respuesta de una de las preguntas obligó a devolver el acta a los miembros del jurado para que subsanaran el lapsus poco después de la medianoche, lo que demoró aún más la lectura del veredicto. Fue un fallo que se pudo subsanar en menos de diez minutos, pero la lectura se demoró hasta poco antes de la una de la madrugada.

Los acusados, que durante todo el día permanecieron en la Audiencia Provincial a la espera del fallo, asistieron a la lectura del mismo sin pronunciar palabra. Solo Francisco Pérez le dijo a Conchi a mitad de la lectura: "Nos están condenando". Hacia de la una de la madrugada abandonaban esposados la sede judicial en diferentes coches de Policía con destino a la prisión de Villena donde se encontraban encarcelados de manera preventiva.

La víctima José Luis S. G, un jubilado de 69 años, murió la noche del 21 de agosto de 2018 al recibir 19 puñaladas en un aparcamiento de tierra sito en la calle Sol Naciente de la Albufereta, donde los dos acusados le habían citado con el pretexto de mantener una cena romántica con Conchi.

El jurado ha considerado probado que Conchi y Francisco habían quedado allí con él con el propósito de acabar con su vida. Conchi y José Luis se habían casado dos semanas antes del crimen en la localidad de Sax. La noche del crimen, después de la cena le habían dicho que arrojarían unas flores al mar en recuerdo de unos hijos que la mujer había perdido en dos abortos, para lo que tenían que saltar una valla, por lo que le avisaron que irían vestidos con ropas oscuras y que no se asustara cuando les viera.

El jurado considera probado que al atraerlo hacia ese lugar, un aparcamiento a cielo abierto frente al mar y que no es paso habitual de personas y coches a esas horas, pretendían obtener ventajas y facilidad para acabar con su vida y evitar que pudiera pedir auxilio y procurar su impunidad. Esta circunstancia acredita que ha habido alevosía, una agravante prevista para cuando en un crimen la víctima no tiene ocasión de defenderse. La acusación particular pedía también la aplicación de una agravante de disfraz, por la indumentaria que llevaban los acusados cuando cometieron el crimen y que tenía como objetivo el evitar que pudieran ser identificados.

19 puñaladas

La víctima recibió un total de 19 incisas y punzantes puñaladas de las cuales solo una fue mortal, al haber afectado tanto a la yugular como a la carótida. La intensa hemorragia causó la muerte de José Luis en menos de tres minutos, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida. El jurado debía pronunciarse sobre si la reiteración de ataques sobre él le causó un sufrimiento innecesario, hecho que supone la aplicación de una agravante por ensañamiento. El jurado considera probado que Francisco comenzó a apuñalarle con un destornillador hasta que la víctima cayó al suelo, momento en el que Conchi se sumó a la agresión sujetándolo o golpeándolo.

Otra de las agravantes previstas era la de parentesco y que solo se aplicaría a Conchi, dado su reciente matrimonio con la víctima.

La declaración de una agente de la Policía Nacional que presenció los hechos desde lo alto del paseo de la Cantera y bajó a detener a los dos acusados ha sido la principal prueba en este caso y en la que se ha apoyado el jurado para cerrar su veredicto. Los dos acusados sostenían que la víctima fue atacada por una tercera persona desconocida y que ellos estaban tratando de ayudarlo cuando fueron sorprendidos por la policía.

Tras el fallo del tribunal popular, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce el abogado Aitor Prieto en nombre del hijo del fallecido han mantenido la petición de penas que suman para ambos cerca de sesenta años de prisión. Mientras que los abogados José Soler y Francisco Sánchez Camacho que representan a los dos acusados han dejado en manos del magistrado la imposición de la pena que corresponda. Tras el veredicto, el juez deberá dictar una sentencia en el que se determinará qué condena se les impone a ambos en función de los argumentos que hayan dado los miembros del tribunal popular. Esa resolución no será firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.