El objetivo de todo acusado de un delito es evitar a toda costa entrar en prisión. De ahí el asombro que provocó esta semana en una sala de vistas de Vigo la firmeza mostrada por un ladrón sin antecedentes condenado a una pena menor para acabar entre rejas. Y lo logró, porque pese a que la fiscal se pronunció de forma favorable a suspenderle el ingreso en la cárcel y la propia jueza dialogó con el hombre para explicarle que podía acogerse a este beneficio si cumplía las condiciones, éste se negó en redondo, dejando claro que no abonaría la indemnización a la que le obligaba la sentencia -y que era uno de los requisitos para seguir en libertad-.
Él pretendía lo contrario. "Quiero ingresar en prisión", afirmó, justificando tan contundente determinación en que lleva media vida enganchado a las drogas y "en la calle" no ha sido capaz de dejar esta adicción. Al contrario, transmitió, ve en el centro penitenciario una oportunidad para dar un giro a su vida.
La vista fue el martes en el Juzgado de lo Penal 3. Se trataba de un caso sencillo que se iba a resolver con una condena de conformidad. El acusado, que sufre un trastorno de personalidad asociado al consumo de estupefacientes, intentó hace un año entrar en el local de una compañía de seguros y, al no conseguirlo, fue al establecimiento contiguo, una tienda a la que sí accedió al romper con una barra la cristalera de una puerta. Se hizo con una bicicleta valorada en 3.600 euros, pero unos policías lo sorprendieron in fraganti. El arresto no fue fácil: el ladrón se negaba a salir de la tienda y se mostró agresivo, llegando a morder a un agente en un dedo y a romper una silla ya en comisaría.
Las negociaciones entre defensa y acusaciones se saldaron con un pacto por el cual el acusado aceptaría nueve meses de prisión y pagar una indemnización que ronda los 11.000 euros. Así que en la vista, tras conformarse con la pena solicitada, la Fiscalía se mostró favorable a que se le suspendiese la ejecución de la pena de prisión, es decir, el ingreso efectivo en la cárcel. Cumplía los requisitos, ya que se trata de una condena menor de dos años y el encausado carece de antecedentes penales. A cambio, debía cumplir las condiciones inherentes a dicha suspensión, como el no delinquir durante el tiempo estipulado y abonar la responsabilidad civil.
Turno de palabra
La acusación particular no se opuso a lo manifestado por la fiscal pero, cuando habló la defensa, llegó la sorpresa. La abogada trasladó a la magistrada que su cliente, el acusado, quería decir algo. Y se le dio el turno de palabra. Y fue cuando el hombre, para sorpresa de todos los presentes, manifestó su firme determinación de cumplir la pena en el centro penitenciario.
La jueza trató de explicarle que podía acogerse a la suspensión: la suya era una pena menor y no tenía condenas anteriores. Sobre la indemnización, pese a carecer de empleo o patrimonio, podía ir abonándola poco a poco. El acusado, de unos 43 años, reconoció que era la primera vez que iría a la cárcel, pero que lo prefería a seguir en la calle, donde no había sido capaz de salir de la vorágine de la toxicomanía que sufre desde que era joven. "No voy a pagar", dijo rotundo.
Así que, manifestando su intención de incumplir ese requisito de la suspensión, la magistrada concluyó que la pena debía ejecutarse. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó que el juzgado emitió ya el requerimiento de ingreso en prisión y dio al condenado un plazo para entrar en A Lama.
