La red de blanqueo de dinero de mafias rusas desarticulada por la Policía en la Costa Blanca, Ibiza, Madrid, Valencia y Tarragona había desplegado presuntamente una "potente red clientelar" dentro de la Administración española para infiltrarse en instituciones y llevar a cabo sus negocios con impunidad mediante el cohecho y el tráfico de influencias. Así lo sostienen los investigadores de la Policía Nacional y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que aseguran que la organización planeaba controlar sectores clave de la economía española, concretamente en el sector del ocio nocturno y la restauración en la costa levantina y en Baleares, donde realizaron inversiones de beneficios del crimen organizado a través de empresarios rusos vinculados con los 'vor v zakone' (ladrones en ley) y con los sindicatos del crimen en Rusia.

Como adelantó este miécoles Diario Información, en la operación fueron detenidas el pasado lunes 23 personas, 18 de las cuales fueron puestas en libertad tras comparecer en dependencias policiales. Entre ellas figura el actual concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Benidorm, el popular Lorenzo Martínez, y el exedil y expresidente del PP en Altea, Jaime Sellés, los cuales fueron arrestados por tráfico de influencias.

El primero quedó en libertad unas horas después de ser arrestado el lunes y Sellés salió libre al día siguiente. También fueron arrestados un funcionario del Ayuntamiento de Altea, un teniente y un brigada de la Guardia Civil y un inspector de la Policía Nacional, así como un abogado ruso de Altea y dos letrados de Ibiza y València.

Los investigadores afirman que mediante esta "infiltración" pretendían facilitar sus operaciones de blanqueo "sorteando obstáculos legales y logrando favores administrativos", así como protegerse de investigaciones policiales y judiciales y facilitar la adquisición de la residencia española a los clientes de la red. En este sentido, uno de los principales investigados realizaba "actividades filantrópicas" en instituciones públicas para poder acercarse a ellas y ganarse su confianza en beneficio de la organización.

La investigación comenzó en 2013 tras detectar la Policía inversiones de la mafia rusa en España para blanquear dinero de sus actividades ilícitas y la presencia de varios líderes criminales rusos que acudían con frecuencia a Alicante e Ibiza. Las pesquisas desvelaron que la red contaba con testaferros para invertir los capitales en España y se realizaron operaciones bancarias en las que se transfirieron importantes sumas de dinero "cuyo origen no estaba suficientemente justificado".

La Policía asegura que los criminales rusos contactaban con los investigados para ejecutar operaciones de blanqueo a través de proyectos de inversión, entre ellos promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, naves industriales, parcelas y barcos. Asimismo, planeaban comprar una de las principales discotecas de Ibiza para "apoderarse del ocio nocturno y la restauración".

Armas

En los 18 registros realizados el lunes la Policía intervino en la vivienda del abogado ruso seis armas de fuego cortas, dos escopetas de combate, un fusil de asalto, un rifle de francotirador con silenciador y miles de cartuchos de distintos calibres, aunque no se le ha imputado el delito de tenencia ilícita de armas porque al parecer tiene las correspondientes licencias.

Además intervinieron más de 300.000 euros en efectivo en viviendas y en cajas de seguridad en bancos, monederos virtuales con criptomonedas, diamantes y 16 vehículos de lujo. El juzgado también acordó el bloqueo de numerosas cuentas bancarias y activos patrimoniales por valor de millones de euros.

La Policía considera que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, "debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados".

Prisión para cuatro apresados en la operación

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm acordó este miércoles tarde prisión sin fianza para cuatro de los detenidos en la operación por delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal, según informaron fuentes del TSJ. El presunto hacker ucraniano, defendido por el abogado José Esteve, fue puesto en libertad por la juez. Otros dos detenidos fueron asistidos por los letrados Fernando Rocamora, del despacho Galiana Abogados, y por Miguel Ángel Franco. Los implicados negaron haber blanqueado dinero de la mafia rusa.