Traslado
Trasladan a una cárcel de Castellón al presunto asesino de Marta Calvo
Jorge Ignacio P. J. fue llevado desde Picassent a finales de agosto "por su seguridad" tras vejar y humillar a un compañero de celda de avanzada edad, y ser agredido tras cambiarlo de módulo
Teresa Domínguez
El presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J., acusado de los asesinatos de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos y de los asesinatos intentados de otras ocho mujeres, ya no está en la cárcel valenciana de Picassent. Desde el pasado 26 de agosto, vive en el centro penitenciario de Albocàsser, en Castellón, adonde fue trasladado desde la prisión valenciana "por motivos de seguridad", tras protagonizar dos incidentes graves.
Inicialmente, la dirección de la cárcel de Picassent pretendía enviarlo a la cárcel de Villena, y así se lo informó al juez de Instrucción número 20 de Valencia, responsable de la causa con jurado contra el recluso, pero, una vez obtenido el visto bueno judicial, Instituciones Penitenciarias cambió el tercio y gestionó el traslado a la prisión castellonense.
El origen de esta reubicación reside en varias polémicas recientes en las que se ha visto envuelto. La primera se gestó a principios de verano, cuando un recluso de avanzada edad en cuya celda recaló cuando fue sacado de la Enfermería denunció que Jorge Ignacio le estaba haciendo la vida imposible, con vejaciones, humillaciones y maltrato constante.
Automáticamente, los responsables del centro penitenciario de Picassent sacaron a Jorge Ignacio P. J. de la celda para evitar todo contacto con su compañero y lo cambiaron a otro módulo, de baja conflictividad como el anterior.
Ahí no iba a terminar el asunto. A los pocos días de su llegada al nuevo departamento, el presunto asesino en serie pidió amparo a los funcionarios porque, afirmó, dos reclusos se le habían acercado en el patio y, tras decirle "sabemos quién eres, tú eres el que mató a Marta Calvo", le habían agredido. Las lesiones fueron leves y no requirieron siquiera su traslado al hospital, pero la dirección del centro penitenciario tuvo que sacarlo nuevamente de ese módulo.
A raíz de ese incidente, Jorge Ignacio P. J. pidió a los responsables de la cárcel acogerse al artículo 75.2 del reglamento penitenciario, que prevé someter a un régimen de vida especial a un interno para "salvaguardar la vida o integridad física del recluso". En la práctica, significa permitirle estar solo en una celda, salir sin compañía al patio, no compartir el comedor... Esto es, una vida tranquila.
El reglamento permite, en el apartado tercero de ese artículo 75, una vía alternativa: el traslado del interno. Y por esa es por la que ha optado la dirección de la cárcel, con el apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, previo acuerdo motivado del Consejo de Dirección para sustentar, tal como reza la norma, "el traslado del recluso a otro establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales exigidas por el aseguramiento de su persona".
Conflictividad constante
Desde su ingreso en la prisión de Picassent, Jorge Ignacio P. J. ha mantenido una constante: evitar los módulos y refugiarse en el Enfermería. Y lo consiguió. Tras un primer paso obligado —y corto, suele ser de un mes— por el departamento sanitario, como sucede con todos los que acaban de ingresar, fue destinado a un módulo de muy baja conflictividad, el 9.
Tardó poco en decir que le habían amenazado y que se sentía inseguro. Los médicos aconsejaron su reingreso en la Enfermería y, contra toda lógica, logró mantenerse en ella durante más de año y medio, algo absolutamente excepcional para alguien que no estaba enfermo, ni ordenanza —presos de máxima confianza con funciones laborales—, ni estaba inmerso en un programa de prevención de suicidios.
Cuando los responsables del centro repararon en ello, su caso fue abordado con la subdirectora médica y, finalmente, se decidió que no había ninguna razón para que siguiese disfrutando de ese ‘beneficio’ y se decretó su traslado a un módulo ordinario —el 7— con internos preventivos por delitos leves o condenados con penas muy cortas, esto es, de nula conflictividad.
Aún así, nada más ingresar ya pidió hablar con los funcionarios con el argumento de que, según él, un recluso le había hecho una advertencia sobre su integridad física. Pese a lo poco creíble de la acusación, la prisión se vio obligada a abrir una investigación interna, que se cerró sin consecuencias, pero el presunto asesino ya había logrado su objetivo: cambiar de módulo. Regresó al 9, donde se acomodó hasta que su compañero de celda denunció el maltrato al que lo sometía a diario, lo que ha terminado por abocar en su traslado a Albocàsser.
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