Juicio

Las acusaciones del caso Cursach arremeten contra la fiscalía al inicio del juicio por la rebaja de sus acusaciones

Bartolomé Cursach y los otros 23 acusados se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial por la trama de corrupción policial, política y empresarial

Bartolomé Cursach, a su llegada a la Audiencia.

Bartolomé Cursach, a su llegada a la Audiencia. / B. Ramon

Marcos Ollés

Arranca en Palma el juicio por el caso Cursach. El empresario Bartolomé Cursach y los otros 23 acusados se sientan ya en el banquillo de la Audiencia Provincial de Baleares por la trama de policial, política y empresarial. Los procesados están acusados de delitos de grupo criminal, prevaricación, cohecho, coacciones, tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, revelación de secretos, amenazas y usurpación de funciones y se enfrentan a peticiones de condena de hasta 39 años de cárcel.

La vista oral ha comenzado con las cuestiones previas, en la que está previsto que las defensas planteen una avalancha de peticiones de nulidad para solicitar la absolución de los sospechosos al entender que durante la investigación se cometieron graves irregularidades. Este trámite podría prolongarse durante varias semanas, retrasando las declaraciones de los procesados hasta el próximo mes de octubre.

El fiscal Juan Carrau ha justificado en su primera intervención la retirada de la acusación contra siete de los sospechosos. Sobre Jaime Lladó, Arturo Segade y Antoni Bergas, altos cargos del Grupo Cursach, ha señalado que los testigos que sostenían la acusación contra ellos son "claramente falsarios" y ha hecho referencia a que el ministerio público así lo sostiene en otros procedimientos, en referencia a la causa abierta contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán por las presuntas irregularidades cometidas durante la investigación y a los procesos por falso testimonio contra los propios testigos.

Respecto a la ex directora general de Turismo, Pilar Carbonell, y el funcionario de esta conselleria Bernardí Seguí, a los que inicialmente acusaba de prevaricación, Carrau ha señalado que "no existe ninguna resolución suya susceptible de ser prevaricadora" para justificar su exculpación. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre el funcionario del Ayuntamiento de Palma, Julián Garau, imputado por cohecho. Respecto al funcionario del Ayuntamiento de Calvià Jaime Nadal ha explicado que un dictamen del Consell Consultiu posterior al primer escrito de acusación señaló que "su conducta no fue ilegal en absoluto". La Abogacía de la Comunidad Autónoma, que también acusaba a Carbonell y Seguí, ha anunciado también que retiraba los cargos contra ellos y ha considerado que nadie podía seguir acusándoles porque no son perjudicados.

Los abogados de las acusaciones particulares Álvaro Martín y Teresa Bueyes, que representan a empresarios de Palma y Calvià que denunciaron las presuntas corruptelas de Cursach, han criticado el papel de la fiscalía. "No se entienden los motivos", ha considerado Martín, que considera que "nada nuevo ha ocurrido en el procedimiento" para justificar su posición. Bueyes, por su parte, ha sido tajante: "Sorprende que la fiscalía haga el cambio a 10 días del juicio. Las rebajas en las peticiones de condena no se comprenden. Y no se entiende que impute a Cursach un delito de coacciones y no pida ninguna pena".

Las defensas, por su parte, han defendido a Carrau y Herranz. "La fiscalía puede hacer lo que le dé la gana", ha sentenciado el abogado de Cursach, Enrique Molina. "El ministerio fiscal es libre para actuar dentro de la legalidad. Los intereses de las acusaciones son ilegítimos", ha considerado el letrado Gaspar Oliver.

En el procedimiento están por un lado el propio Bartolomé Cursach y su núcleo duro en los negocios: Bartolomé Sbert, Jaime Lladó, Arturo Segade y Antoni Bergas. También se sientan en el banquillo 14 agentes de la Policía Local de Palma acusados de cometer todo tipo de ilegalidades para beneficiar al Grupo Cursach. El tribunal debe dirimir si estos policías, entre ellos el que fuera jefe del cuerpo Joan Miquel Mut y varios oficiales de la Patrulla Verda y Grup d’Actuació Preventiva (GAP), hostigaron sistemáticamente a una veintena de locales nocturnos cercanos a las discotecas de Cursach con redadas e inspecciones injustificadas y desproporcionadas. El objetivo era ahuyentar a los clientes para que se fueran a los negocios del magnate. Este, a cambio, los habría sobornado con orgías, drogas y regalos de toda índole. Algunos de los agentes están acusados de actuar también en beneficio propio, exigiendo mordidas y favores sexuales a los perjudicados a cambio de no actuar contra ellos. Además, las pocas sanciones que imponían a los establecimientos del Grupo Cursach se perdían por el camino y los agentes que alzaban la voz contra esta corrupción sufrían represalias.